5 de abril de 2019 00:00

Consulta popular y reformas 

valore
Descrición
Indignado 11
Triste 1
Indiferente 1
Sorprendido 1
Contento 10
Manuel S. Yépez Andrade

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Constitución del Ecuador establece y otorga la facultad legal al presidente de la República de convocar a consulta popular, cuando a su juicio se trate de cuestiones de trascendental importancia para el país, igual atribución constitucional se concede a los ciudadanos en goce de sus derechos políticos, que representen un número no inferior al cinco por ciento de personas inscritas en el Registro Electoral.

En el país es necesario convocar a una consulta popular o referéndum tendiente a restringir la potestad que tiene en la actualidad el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para la designación de las máximas autoridades de control del Estado, por la reciente y nefasta experiencia en la actuación poco transparente de ese organismo, que estuvo controlado por el ex presidente Correa y su partido político, quienes designaban a sus amigos, o cercanos colaboradores, para que sean elegidos mediante concursos direccionados y no imparciales, en los que se les otorgaba las máximas calificaciones a sus candidatos. Tales fueron los casos de ciertos ex fiscales, de un ex presidente del Consejo de la Judicatura, un ex procurador y ex integrantes del Consejo y Nacional Electoral , así como de un ex contralor que ha sido sentenciado por delitos de cohecho y concusión, actualmente prófugo de la justicia, lo que ha significado que esta institución con supra poderes no ha garantizado la independencia de funciones, sino que haya existido el control absoluto de ese ex gobierno, lo que ha permitido la impunidad de altos funcionarios del anterior régimen, la mayoría acusados por delitos de corrupción, por lo que las funciones del Cpccs, deben limitarse a propender el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana y control social esencialmente en la contribución a la investigación y combate a la corrupción.

Así mismo se deben realizar reformas legales referentes a la eliminación de la obligatoriedad del voto, que debe ser voluntario o facultativo, a fin de evitar toda clase de manipulación a los electores. Además debe prohibir legalmente la proliferación de los partidos y movimientos políticos, para evitar la fragmentación y dispersión de las candidaturas que confunden al electorado, así como la entrega de recursos públicos a los candidatos.
En las últimas elecciones participaron 280 organizaciones políticas locales y nacionales en la campaña, con más de ochenta mil candidatos, a quienes el CNE entregó un promedio de noventa mil dólares por candidato, dinero que pertenece al Fisco y por consiguiente al pueblo.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (10)
No (3)