El decreto emitido por el actual gobernante no es otra cosa más que el de aplicar el principio maquiavélico “divide y vencerás”, un éxito de la revolución ciudadana, puesto que liquida de un plumazo a las organizaciones sociales, gremiales y profesionales, logrando acallar la voz de sus integrantes.
La Función Judicial, por ejemplo, dirigida por un ingeniero mecánico, es inconcebible bajo todo punto de vista. A las abogadas y abogados nos ha ido mermando el espacio que nos concede la ley, primeramente cambiando el máximo organismo de Justicia, de Suprema a simple Corte Nacional, de ser evaluados por profesionales del Derecho, sin desmerecer la capacidad y genialidad de ingeniero mecánico, quien hoy en día es el que dicta resoluciones judiciales, lo que hace suponer que en el futuro, un economista pueda prepararse para calzar las muelas, un abogado dar recetas médicas, un agrónomo o zootecnista dirigir los hospitales o centros de salud.
Consecuentemente, es urgente realizar una revisión de este decreto y rescatar la dignidad profesional, respetando las áreas para las cuales nos hemos preparado. El art. 3 del Código Civil, que ventajosamente no ha sido reformado hasta la presente fecha, reza claramente que los únicos que pueden interpretar la ley son los legisladores, hoy denominados asambleístas, por lo que desde ahí deberá venir el respeto a la Constitución y a las leyes de la República.
Los decretos por más que vengan del Presidente, no tienen el carácter de supletorios de una ley, esto solo se puede dar en reinados o en dictaduras más extremas, señor Presidente, usted y la ciudadanía conocen que estamos en democracia.