La reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), toma en cuenta el historial de notas, la condición socioeconómica y la ubicación territorial, más el resultado del examen Ser Bachiller, para el ingreso a universidades e institutos en el sistema público, sin embargo, nada se ha dicho sobre los estudiantes que son una gran mayoría y no fueron seleccionados para que sigan una carrera profesional y que tampoco se encuentran en condiciones de encontrar un empleo, oficio o desempeñarse en alguna actividad, convirtiéndose en carga para su familia y el Estado, en vez de un elemento más de producción formal en el país con sus consecuentes factores multiplicadores de la economía.
El incremento de la población hace que aumente la demanda de puestos técnicos (oficios), bachilleres profesionales, bachilleres tecnológicos, Técnicos Superiores Universitarios (TSU) y Licenciaturas. Por ejemplo de los colegios considerados técnicos, con cursos de especialización en el último año, pueden salir técnicos con oficios definidos que pueden incorporarse a la masa productiva del país. En el bachillerato profesional y en el tecnológico, con una extensión de uno a tres años en carreras de asistencia específica, lograrían llenar vacantes en empresas en producción. En cuanto a los TSU, formarían profesionales en áreas de empresas de mayor precisión o más avanzada técnica y por último las licenciaturas en carreras medias, tan necesarias en el campo alimenticio, de la salud, el comercio, la organización, la administración, entre otros.
Volver a aprovechar la infraestructura física de los diferentes colegios más la experiencia de sus profesores, solucionaría el problema del empleo, de forma rápida y práctica, con menor tiempo de inversión y estudios, disminución de la capacidad ociosa y aumento de la calidad de mano de obra disponible, obteniendo como resultado mayor prosperidad en el país.