El Ecuador que queremos
Los últimos meses; el Ecuador se ha convertido en un país con un escenario de inestabilidad política y gubernamental, a esto se le añade la crisis social teñida principalmente por la inseguridad. Después de la disolución de la Asamblea Nacional mediante Decreto Ejecutivo Número 741, la convocatoria a elecciones anticipadas ha dilatado un panorama incierto, por un lado; los electores intentan descifrar las verdaderas intenciones de los candidatos, las falsas promesas se convierten en un cúmulo de zozobra y desesperanza, por lo que se busca que los nuevos perfiles estén en sintonía con los verdaderos desafíos que el país demanda. Por otro lado; los candidatos para ocupar el cargo de presidente de la República, han dado inicio a su campaña anticipada sin aún estar legalmente inscritas sus candidaturas. Su discurso se basa en la culpabilidad de la administración saliente sobre todo en temas de seguridad y gobernabilidad. La incertidumbre aumenta día a día, sin embargo, los ciudadanos que amamos nuestra Patria, anhelamos mejores días para nuestra Nación, donde el miedo a caminar por los parques sea parte de la historia, la deficiente atención en los sistemas de salud sea el oscuro recuerdo del pasado y el desarrollo social y económico sean la principal carta de presentación de nuestro país. Construir una Nación nueva es parte del sueño de todos los ecuatorianos, es importante que las nuevas autoridades trabajen en el desarrollo y ejecución de políticas públicas que permitan contribuir al desarrollo nacional.
Diego Enríquez Cadena.
Más, de lo mismo
El flamante Alcalde de Quito, anunció, que para poner en marcha comercial el Metro de Quito, debe actualizar el cronograma. No sé de qué cronograma habla si no existe, el que hay es incompleto. Si quiere llegar al objetivo, debe elaborar otro cronograma que contenga todos los sistemas, procesos y actividades con sus respectivos tiempos y recursos necesarios para su cumplimiento. Esto es clave.
Para variar, el nuevo gerente de la Epmmq, dijo que hay que desatar una serie de nudos para que el Metro opere en la primera semana de diciembre 2023: sistema de recaudo, finalización de la garantía de los trenes, deuda de 10 millones de dólares a la operadora internacional y, la falta de contratista para el mantenimiento de la maquinaria y protección automática de los trenes. Este último es crítico, de acuerdo a los pliegos la Epmmq debe contratar con terceros, pero la supervisión y control debe ser del operador (grave error), advertido desde antes de la invitación a presentar oferta para la operación del Metro, sin embargo, se contrató con el consorcio franco-colombiano y no hubo enmienda. La práctica de administrar proyectos, indica que, operación y mantenimiento de maquinaria debe ser adjudicado a un solo contratista, separar es peligroso, dificulta la gestión. Aunque un poco forzado se puede corregir todavía contratando con el mismo consorcio operador, esto evitará problemas en el servicio del Metro a futuro. En cuanto al sistema de integración entre el transporte de superficie y subterráneo, no se han pronunciado, en su lugar, el nuevo gerente de Epmmq menosprecia la línea 1 y, dice que “los metros son todo un mapa bajo la ciudad” desea que todo el Metro sea soterrado (no conoce la geología de Quito). Los quiteños esperan con ansias que el nuevo Gobierno Municipal dé un giro de timón y, no sea, más, de lo mismo.
Marco A. Zurita Ríos
Procuraduría General del Estado no ejerce sus obligaciones
En todas las sentencias penales, los Jueces determinan el tiempo que la persona sancionada debe permanecer detenida y el pago de una “indemnización”, generalmente, al Estado por los “efectos económicos causados” tal como se señala en los Arts. 77 y 78 del actual Código Penal, incluyéndose las “compensaciones” por todo perjuicio que resulte como “consecuencia de una infracción penal, que sea evaluable económicamente”.
Lastimosamente, según información de los medios de comunicación lo recaudado no superaría el 10% de los valores establecidos en las respectivas sentencias y según el Art. 237 de la Constitución Política, el Procurador es el “representante judicial del Estado”, por lo que, si no hay el pago voluntario de las indemnizaciones señaladas y nunca lo habrá, si es que no se establecen los mecanismos necesarios para que eso se cumpla.
Siendo responsabilidad de dicha Dependencia la recaudación de tales valores, ella debería proponer y establecer las reglas que sean necesarias para que tal obligación se cancele, obviamente, antes de que los detenidos salgan en libertad, porque de lo contrario el cobro de tal reparación es casi una tomadura de pelo al Estado y principalmente a la Función Judicial.
Que no se confunda el pago referido con una deuda, porque no lo es sino una “reparación por los daños causados”, para que cesen los “efectos de la infracción cometida”, porque algún iluminado interpretó que dicho pago es una deuda y que no hay prisión por deudas. Felizmente en la Procuraduría hay varios Abogados honestos y no corruptos.
Iván Escobar Cisneros