Pérdidas en el Metro de Quito
Se conoce que en el Metro de Quito (MQ) la inversión supera los dos mil millones de dólares; que cada día deja de percibir pasajes que pagarían miles los usuarios que esperan ansiosos este servicio; que la operadora cobra cada mes miles de dólares, aunque no esté en funcionamiento; que el sistema puede ser utilizado; y que solo falta un proceso ideal de cobro. Le pregunto a usted lector y a los administradores del MQ ¿Si los dos mil millones de dólares fueran de su empresa, permitiría que se deja de percibir ingresos y que, además, se pague por un trabajo no recibido? Estoy seguro de que la respuesta será un NO rotundo, porque es no es la forma de gestionar los recursos, cuya diligencia y esmero debe ser mayor al tratarse de recursos públicos, porque afecta directamente a la ciudadanía, que no puede utilizar los servicios del MQ para mejorar sus condiciones de movilidad, que son deplorables. Los actuales y anteriores administradores del MQ deben recordar lo que dispone el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado: Responsabilidad por acción u omisión. Las autoridades, dignatarios, funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado, actuarán con la diligencia y empeño que emplean generalmente en la administración de sus propios negocios y actividades, caso contrario responderán, por sus acciones u omisiones, de conformidad con lo previsto en esta Ley. La Contraloría debe examinar con urgencia la gestión del MQ para establecer las responsabilidades que corresponda. No se debe administrar los recursos públicos con tanto descuido.
Mario Andrade Trujillo
Ojalá mejore la calidad de la Asamblea en fondo y forma
Y lo señalado es la práctica de los pocos días que sesionan, aunque si cobran como “pobres” que son, según un antiguo Diputado; y, como requisitos para terciar en las elecciones, solo se requiere saber leer y escribir y tener más de 18 años, es lógico que “cualquier vecino” quiere ser Parlamentario, Alcalde o Prefecto, porque la corrupción ni siquiera la Fiscal General puede terminarla y al contrario, muchos piensan sacarle “por estorbar a quienes no acatan las leyes”, porque salir pobre de un puesto de esos, es casi motivo de burla.
Desde luego, aspirar que mejore la calidad de esta Función del Estado, es casi soñar con el “pozo millonario”, pero no se pide eso, porque sabemos que ese es el “costo de la democracia” que permite que sean escogidos “los menos malos de los malos” y que al menos no estén acusados por la justicia, porque los inculpados, de seguro que estarán prófugos.
No puede ser que el Parlamento esté entre los grupos sociales más desprestigiados y ello seguirá mientras no cambien de actitud sus integrantes, si quieren ser respetados, pero les interesará, eso o no?.
Iván Escobar Cisneros
Ordinariez profesional
Las acciones así desarrolladas evidencian un quemeimportismo sobre la lógica para la cual se crearon las profesiones. Esto solamente se puede dar cuando la educación fue deficiente, o, cuando hay intereses distintos a los profesionales, que impulsan actuaciones de esta naturaleza.
Estamos presenciando cómo, abogados o doctores en leyes, están actuando en contradicción con los principios de su profesión: en el caso del Consejo de participación ciudadana, el grupo que accedió, atropellando las reglas de la elección de los miembros de este consejo, aceptando auspicio de grupos políticos, cuando la esencia de este consejo es el distanciamiento de partidos o grupos políticos, hoy privilegian los intereses del grupo que los auspició, en atropello a las leyes, para ejecutar agendas que les ha sido imposible por otros lados.
El presidente del CPCCS, se entiende que es abogado, y, que, como tal, debiera conocer las leyes, y, por la naturaleza de su profesión, respetarlas y hacerlas respetar, sin embargo, en una actitud reñida con esta lógica, se esfuerza en buscar recodos para burlar las disposiciones que constan en la legislación. Penoso, pero no es sorprendente, pues vimos cómo actuó en el caso El Universo cuando actuó en defensa de ahora auspiciante: redactando una sentencia y entregándola a un juez carente de sentido profesional para que la dicte como si fuera suya. Insólito.
Pero hay más, el Consejo de la Judicatura, presidido por un ex miembro de la Corte Nacional de Justicia, hace caso omiso de todas las disposiciones legales relacionadas y atropella procedimientos para tratar de descalificar a la Fiscal General ignorando, inclusive, que cualquier objeción a un funcionario debe ser por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones. El tratar de desacreditar por algo ocurrido hace más de diez años, es atentar contra la institución que otorgó el título, la misma que debería, en caso de ser cierta la presunción, haber actuado al calificar la tesis.
Sin embargo, avergüenza que hoy la Universidad decida “analizar” la tesis. ¿Qué hizo entonces la Universidad cuando calificó, aceptó dicha tesis y tituló a la actual Fiscal? Cuando acciones de un profesional atentan contra la razón de su profesión, deberían ser eliminados de los registros profesionales, retirados los títulos por las universidades que los titularon, pero por sus actuaciones como profesionales, cuando las mismas no se ajusten a los preceptos profesionales, como ocurre con el CPCCS y con el CJ!!!
José M. Jalil Haas