Con cierta frecuencia las decisiones que toma el Ejecutivo, confunden; los efectos de los anuncios que hace se miden en las redes sociales y si hay oposición, se rectifica. También, el Gobierno ‘sintoniza’ con las emociones y los sentimientos de los ecuatorianos, por lo que se eliminan aranceles y/o impuestos.
En esa sensibilidad por acoger las preocupaciones ciudadanas, dio paso al reclamo de quienes se oponen al ‘impuesto verde’ para los autos, y ahora está en marcha un proyecto para dar de baja esta iniciativa que buscaba atenuar el impacto ambiental.
Aunque aquí podría encajar la intención de eliminar los aranceles a los autos eléctricos, para que se incremente la importación de estos vehículos y mejorar la calidad del aire, algo urgente para hacer frente a la reducción de gases de efecto invernadero.
En las concesionarias hay entusiasmo por esta decisión adoptada por el Comex, aunque esto demanda otro tipo de costosas inversiones para montar toda una infraestructura de recarga en las ciudades, que permita abastecer la demanda de energía.
También hay entusiasmo en el consumidor y se siente en el mercado que hay más interés por adquirir un auto eléctrico. Incluso, los más preocupados por el ambiente ya se preguntan qué se hará con las baterías que concluyan su vida útil en estos autos.
Más allá de esas dudas, ¿se puede esperar que la eliminación de aranceles para los autos eléctricos se mantenga en el largo plazo? Una referencia al respecto. Muchas familias se entusiasmaron en adquirir cocinas de inducción bajo el paraguas de que el país tendría energía hasta para exportar; sin embargo, el Gobierno redujo el ICE a las cocinas a gas y estas subieron sus ventas. Quienes apostaron por las de inducción están a pocos meses de perder el subsidio y, claro, pagar más por la electricidad.
No solo las empresas requieren seguridad jurídica para hacer sus inversiones. Los consumidores también demandan seguridad para sus pequeñas o grandes inversiones en vehículos eléctricos o en cocinas de inducción.