El Consejo de la Judicatura (CJ) estima un presupuesto de más de 15 millones de dólares para la implementación de los jueces constitucionales, como dispone una de las preguntas de la consulta popular y el referéndum 2024 en las que ganó el sí, de acuerdo al conteo rápido expuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Álvaro Román, presidente del CJ, declaró que los 15 millones de dólares solamente sería para el gasto corriente, aparte son los gastos por infraestructura o adecuaciones que se requieran; por lo que, se trabajará de manera conjunta con el Ministerio de Finanzas y el Gobierno Nacional para la asignación de recursos. En el caso de Guayas se piensa en un comodato.
Según el análisis técnico de la Dirección Nacional de Innovación, las unidades especializadas requerirían de 43 jueces constitucionales en total, distribuidos en cinco distritos: Azuay (10 jueces), Guayas (12 jueces), Manabí (6 jueces), Tungurahua (4 jueces) y Pichincha (11 jueces).
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Y un total de 48 jueces constitucionales en las salas de cortes provinciales: Azuay (12 jueces), Guayas (12 jueces), Manabí (6 jueces), Tungurahua (6 jueces) y Pichincha (12 jueces).
Esto, sin contar con personal de apoyo, secretarios, ayudantes judiciales, personal de archivo y demás funcionarios.
Román agregó que la Corte Constitucional (CC) se debería hacer cargo de este proceso, el mismo que tomará cerca de un año, es decir, si es que empieza en este mayo de 2024, luego del concurso de méritos y oposición, y el banco de elegibles, concluirá en mayo de 2025.