Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, dijo que los negocios tienen que invertir más en seguridad, en instalación de cámaras y guardianía. Foto: Cortesía
¿Ustedes, como Cámara de Comercio de Quito (CCQ), cómo ven el tema de la inseguridad que afrontan los negocios de la ciudad?
Es una época muy difícil. Pienso que la inseguridad y los asaltos que vemos se dan ya que Quito es la ciudad más golpeada por el desempleo en el país, la tasa está entre el 23 al 26%.
¿Y frente a la inseguridad, frente a los robos, como CCQ qué han hecho?
Nosotros tenemos un plan que se denomina Socio Protegido, en el que se benefician alrededor de 2 900 empresas de la capital.
¿En qué consiste?
Damos asistencia a los socios cuando han sido víctimas de la delincuencia o para prevenir que sean asaltados. Tenemos una fase de monitoreo. Tenemos un equipo de guardias privados quienes hacen patrullas por las zonas en donde hubo robos o hay inseguridad. Otro equipo se encarga de la representación legal. Son abogados que dan apoyo en caso de robo o hurto. Además, apoyamos en la instalación de un botón de pánico. La señal es captada por la Central de Monitoreo y cuando ocurre algo estamos en coordinación de los operativos, conjuntamente con la Policía Nacional.
¿Cuántas asistencias a través del plan Socio Protegido han tenido este año? ¿Son más que el año pasado?
Este año se reportan más de 600 pánicos atendidos por el personal de seguridad de la CCQ. Menos que el anterior año, pero esto se debe a que en los meses de cuarentena, entre marzo y junio, estuvo casi todo cerrado. Sin embargo, desde el semáforo amarillo los pánicos se están incrementando.
¿Ha podido hablar con los socios y plantear un plan para reducir la inseguridad en la capital?
Nuestra propuesta es mejorar las alarmas comunitarias. Como CCQ queremos dar más capacitación en seguridad preventiva y desde las autoridades esperamos más apoyo al comercio y al trabajo formal.
¿Qué tipo de capacitación dan ustedes?
Como gremio nos enfocamos en la prevención y autoprotección frente a situaciones de riesgo. Estos cursos son impartidos por el GOE, GIR y los Bomberos. También creemos que la instalación de las alarmas comunitarias para barrios y urbanizaciones sirve como acción disuasiva frente a estos hechos ilícitos.
¿Se ha podido cuantificar las pérdidas económicas por los robos a locales?
No, ese dato no tenemos. Pero sí sabemos que los negocios deben invertir más en seguridad, en instalación de cámaras y guardianía. Eso encarece el costo de operación. Por eso nosotros también hacemos alianzas comerciales para proveer servicios de seguridad física, custodia, etc. A través de empresas de seguridad conseguimos costos preferenciales.
¿Con las autoridades han planteado acciones?
Hemos hablado con el Alcalde, con la AMC (Agencia Metropolitana de Control) y hemos pedido ya la cita con el nuevo Ministro de Gobierno. Lo que queremos es trabajar con más seguridad porque así, con más empleos, habrá menos robos y menos gente que por necesidad muchas veces se involucra con estas bandas.
En estos días se ha hablado de la posibilidad del porte de armas como una solución. ¿Usted cree que ese es el camino?
Las armas deben ser portadas por personal de seguridad calificado, si las empresas deciden contratar seguridad privada es natural que el personal tenga permiso para portar armas y para usarla en caso de alguna eventualidad. Siempre y cuando eso se dé dentro del margen legal y para proteger la vida de las personas. Se debe analizar si se permite a los ciudadanos portar armas pasando por los filtros y exámenes adecuados
¿Cuáles son las trabas que enfrentan los abogados de la CCQ cuando ayudan a un socio a presentar la denuncia?
En principio existe miedo por parte de la persona o empresa perjudicada. No quieren presentar la denuncia por las represalias que podrían tomar la contraparte. Adicional, existe una demora en el despacho de las denuncias, debido a que el tema de la pandemia retrasó algunos procesos judiciales ingresados con anterioridad. Finalmente, existe la burocracia. Por ejemplo, si una denuncia es presentada en el sur de la ciudad, el sistema obliga a que este caso sea tratado en el mismo sector. Debería existir dinamismo en la información, para así agilizar estos procesos jurídicos.