30 de octubre de 2020 00:00

Venta de acciones de Repsol en el OCP aún se evalúa; Ministerio de Energía negó el traspaso de bloques

Vista aérea del bloque petrolero 16, ubicado en el Yasuní. New Stratus tenía interés en esta área y los activos del campo 67. Foto: Cortesía / Repsol

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Mayra Pacheco

El Ministerio de Energía negó la transferencia de los bloques petroleros que opera Repsol a New Stratus Energy (NSE), informó ayer 29 de octubre del 2020 esta Cartera de Estado.

La decisión se tomó por recomendación de la comisión técnica del Ministerio, que analizó la carta de intención de compra de NSE. Esa firma inició la semana anterior el proceso para adquirir los bloques 16, 67 y las acciones de Repsol en el Oleoducto de Crudos Pesados.

El Ministerio señaló que en este proceso se evidenciaron aspectos de carácter técnico y económico que no asegurarían la continuidad de las operaciones de esos campos. La decisión busca garantizar las mejores condiciones para el Estado, el patrimonio y recursos naturales no renovables de todos los ecuatorianos, expresó René Ortiz, titular de la Cartera de Energía.

Mientras tanto, sobre la transferencia de la participación de Repsol en el OCP, el Ministerio agregó que la documentación y solicitud de Repsol está en análisis, acorde con los procedimientos de la Ley. El resultado se comunicará “de manera oportuna”, precisó la Cartera.

NSE señaló que su propuesta es tener una participación del 29,7% en el OCP.
Los bloques petroleros 16 y 67 producen 18 297 barriles por día, según el reporte del 28 de octubre pasado de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables. Se trata de la tercera producción más alta, que proviene de las áreas operadas por 12 compañías privadas con presencia en el país.

NSE ofrecía hacer un diagnóstico para evaluar posibles nuevas inversiones en las áreas hidrocarburíferas, porque aquellas que eran de carácter obligatorio ya fueron cumplidas por la española Repsol.

La firma canadiense también destacó la experiencia de sus técnicos y ejecutivos antes que su trayectoria en el desarrollo de campos.

New Stratus Energy informó que actualmente solo tiene operaciones en Colombia. Se trata de un proceso de exploración en curso y de otros “varios” proyectos en etapa de investigación.

Hasta el 31 de marzo pasado, la compañía acumulaba un déficit de 18 millones de dólares canadienses (USD 14 millones). Es decir, los activos no son suficientes para cubrir sus pasivos.

Esta información consta en un reporte de auditoría externa de Canadá, que es parte de la documentación que entregó New Stratus Energy al Ministerio.

En ese informe se dice que, con corte a marzo pasado, NSE tenía un déficit de capital de trabajo de 1,6 millones de dólares canadienses (USD 1,2 millones).
Sobre este punto, la firma respondió a EL COMERCIO: “New Stratus Energy concretó un financiamiento por unos 2 millones de dólares canadienses. A la fecha, los pasivos suman 780 000 dólares canadienses”.

Para el experto petrolero, Miguel Robalino, la venta de activos de Repsol solo atrajo a una empresa pequeña como New Stratus porque la concesión de los bloques 16 y 67 está por fenecer. El plazo se vence en el 2022 y es muy corto, por lo que ha resultado poco atractivo para firmas grandes adquirir los activos de Repsol en Ecuador.

Además, una vez que se cumpla con este período la nueva compañía debería asumir posibles pasivos relacionados con temas ambientales, indemnizaciones laborales, obligaciones tributarias y otras.

Por otro lado, el Estado adeuda USD 380 millones a Repsol por tarifas de extracción de crudo no pagadas, pero que terminarían cuando finalice el contrato.

En total, las firmas privadas aportan con 97 480 barriles diarios de crudo, es decir, el 24% de toda la producción. El resto viene de la estatal Petroamazonas.

La producción de crudo privada ha caído 17% entre enero y agosto del 2020, con relación al mismo período del año previo. Lo mismo ha ocurrido con la producción de crudo estatal.

Esta declinación en la actividad hidrocarburífera responde a la pandemia de covid-19, que empezó en marzo pasado; a la rotura de los oleoductos por la erosión regresiva del río Coca; y a la reducción del presupuesto de la estatal Petroamazonas.

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