Los afectados se reunieron con las autoridades en el edificio del Consejo Universitario de la U. Central. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
Los carteles estaban pegados ayer, 6 de enero del 2016, en las ventanillas de atención a estudiantes y en la puerta de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central.
“Señores estudiantes, lamentamos no poder atenderles, ya que 20 empleados administrativos estamos despedidos. Consideramos que la crisis económica no debemos pagar los trabajadores ni estudiantes. Exigimos el respeto del presupuesto de las universidades…”, se leía.
En otros departamentos el panorama era similar. Sobre el monitor de una computadora estaba pegado un papel donde resaltaba, con palabras rojas y negras, la frase: “¡Secretaria despedida! Lamentamos no poder ayudarle”…
La prohibición de no renovar los contratos de servicios ocasionales, en el nivel administrativo, causó malestar entre los 186 empleados que recibieron esa notificación el lunes pasado. La mañana de ayer, estas personas acudieron al Rectorado para protestar.
Levantaron carteles y gritaron consignas, insistiendo en que no quieren perder sus empleos. Exigían que se incrementen y mantengan los rubros destinados a las universidades.
En tanto, el Rector de este centro de estudios superiores, Fernando Sempértegui, se reunió con los directores de los departamentos financiero y de talento humano. Buscaban estrategias para configurar el presupuesto de la universidad y así recontratar al 85% de los 186 empleados de servicios ocasionales.
Según el Ministerio de Finanzas, para el 2016 se asignaron USD 129,14 millones a la Universidad Central. De esa cantidad, 87,45 millones se destinarán a gastos de personal administrativo y académico.
El año pasado, hubo USD 127 millones, pero las autoridades del plantel explicaron que en la actualidad se requieren USD 7 millones más para solventar los gastos salariales.
Sempértegui y los otros funcionarios convocaron a los representantes de las 186 personas desvinculadas al edificio del Consejo Universitario. Allí les aclaró que no hubo despidos. “Comparto plenamente la preocupación de padres y madres de familia que aspiran a mantener su vínculo laboral con nuestra universidad (…) Para que este centro de estudios, de manera responsable, haga compromisos laborales, debe asegurarse que va a pagar”.
Por eso –añadió el Rector- el Departamento Financiero hace ajustes en el presupuesto para cubrir los USD 7 millones que se necesitan para sueldos. No se contratará nuevos empleados en 2016. “Hay que mejorar la eficiencia administrativa (…) No queremos sacrificar áreas de inversión como equipamientos, adecuaciones de espacios, aulas”.
Otro ajuste que se hará es implementar la política “cero papeles”. Es decir, la optimización de recursos en la adquisición de material de oficina. El Rector admitió que existe otra limitante en el presupuesto de este año porque no se han asignado recursos para la adquisición de nuevos equipos electrónicos, paquetes informáticos, maquinaria, vehículos… No obstante, indicó que se presionará en el Ministerio de Finanzas para que se mejore el presupuesto.
Hasta ayer estaba previsto que la Universidad presentara las reformas en la pro forma presupuestaria en esa Cartera de Estado para que sean aprobadas. “Se mueve dinero del rubro de bienes y servicios para personal. Sacrificamos uno para cubrir otro”.
Hasta la próxima semana se prevé la recontratación del 85% del personal de servicios ocasionales. Como el 15% restante ya cumplió los dos años en los cargos, no es posible -por ley- ampliar el contrato.
El funcionario ratificó que a los 532 maestros que trabajan por contrato sí se les ratificará de forma inmediata. Ayer, la atención en las ventanillas fue a medias.
Para Alejandro Piedra, vicepresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), la falta de personal provocará que los alumnos se demoren en los trámites académicos y la carga laboral se recargue a la gente de planta.
Los empleados de servicios estaban preocupados. Una joven de 27 años que laboraba como secretaria dijo que su familia depende de los USD 700 que gana para mantenerla. Otra pidió que se asignara el presupuesto para solventar los gastos del personal administrativo de contratos.