Redacciones Sociedad, Guayaquil y Cuenca
La Unión Nacional de Educadores (UNE) empieza la suspensión de las clases hoy. Esto a pesar de que “asistir puntualmente a sus labores y no paralizar ni incitar a la paralización del servicio público educativo” es uno de los deberes de maestros y directivos.
Así se lee en el artículo 4 de las Reformas al Reglamento General a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional, expedidas el viernes pasado, a través del Decreto 44.
Siria Velasco, maestra de 25 alumnos de cuarto de básica, en la escuela República de Uruguay, en la calle Cotopaxi y Galápagos, en Quito, dijo apoyar “100% al gremio”. Ella y Gilberto Benítez, docente de segundo de básica y director encargado del centro con 300 niños, están molestos con el Gobierno.
Ayer, Mery Zamora, presidenta nacional de la Unión Nacional de Educadores (UNE), declaró el paro indefinido en todo el país. Lo hizo en la asamblea realizada en el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la capital.
Esto ocurre luego de casi seis años, el último paro se desarrolló en diciembre de 2003, en el gobierno de Lucio Gutiérrez. También la UNE en Guayas se sumó a la medida, aprobada ayer en una asamblea provincial, en el colegio Vicente Rocafuerte.
Ahí, unos 500 maestros se concentraron para pedir la derogatoria de las reformas a la Ley de Carrera y Escalafón Docente del Magisterio. “Esto es un atentado. Con este paro les vamos a declarar la guerra”, dijo William Pazmiño, presidente de la UNE-Guayas.
En Cuenca, el auditorio del Teatro Casa de la Cultura no estaba lleno. Luego de tres horas de asamblea solo unos 200 maestros de los 5 700 agremiados en la UNE de Azuay participaron en la marcha hasta el parque Calderón. No obstante, los presentes resolvieron apoyar el paro indefinido de actividades en rechazo al proceso de despido de maestros de la Costa que se negaron a ser evaluados y porque el Ministerio de Educación dejó de ser agente de retención de los aportes económicos dirigidos al gremio.
Jorge Piedra, presidente de la UNE de Pichincha, recordó que desde febrero han pedido citas con el presidente Correa. No temen ser destituidos porque el inciso 14 del art. 326 “reconoce el derecho de los trabajadores y sus organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias”.
El ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, también señaló que en el inciso 15 se prohíbe la paralización de servicios públicos, entre ellos la educación. Aseguró que no existe ninguna autorización para que los dirigentes de la UNE realicen marchas.