Edificio de la Unasur en San Antonio de Pichincha. Foto: EL COMERCIO
Siempre fue sinónimo de canteras y de olvido, pero hoy se sacude el polvo. San Antonio de Pichincha, la zona más contaminada por partícula sedimentable del Distrito, históricamente invadida por minas ilegales, donde la gente vive de la explotación de material pétreo, apostará por el turismo.
El objetivo es que el visitante que llegue a la zona, no solo se lleve una foto con un pie a cada lado de la línea equinoccial, sino ofrecerle un abanico de actividades culturales y artísticas. Actualmente, de los 377 000 visitantes al año que llegan a la Ciudad Mitad del Mundo, menos del 1% baja al poblado. Precisamente eso se busca romper con la inauguración del bulevar de la av. Equinoccial. Álex Troya presidente de la Junta Parroquial asegura que a partir del 5 de diciembre, el bulevar se volverá un eje económico y ayudará a que los turistas visiten la comunidad.
A lo largo del bulevar se montarán galerías de arte y las 22 agrupaciones de danza tradicional que hay en la parroquia mostrarán su cultura.
Troya explica que se van a habilitar lugares para venta de artesanías trabajadas; por ejemplo, en piedra, material propio del sector. En el momento, los recuerdos que se venden son traídos desde Cuenca.
Además, se recuperarán las Ruinas de Rumicucho y las haciendas de Tanlagua y Rumicucho. Se tiene planeado habilitar el cartódoromo y llevar a cabo paseos que incluyan canopi en Tanlagua, para la realización de turismo recreativo.
El otro año se iniciará la construcción de un hotel 5 estrellas y de un parque de 6 hectáreas frente al monumento. Al menos tres años le va a tomar a San Antonio cambiar su rostro.
Cambiar la matriz productiva de una parroquia donde más de 40 000 personas aprendieron a convivir –y de algún modo a depender- de la minería no es sencillo. Las minas dan empleo a más de 7 000 personas entre mecánicos, volqueteros, obreros y restaurantes.
La Junta Parroquial calcula que de esta zona se sacan al menos 36 000 metros cúbicos al día de arena, piedra, ripio… Cada metro cúbico cuesta unos USD 8. Es decir que al día, la minería produce cerca de USD 288 000. “Esa ha sido la realidad de la zona desde hace 80 años”, lo recuerda Diego del Castillo, expresidente de la Cámara de la Construcción.
Pese a la cuestionada calidad del material, las casas de cerca del 70% del norte de la ciudad se edificaron con él. Pero ¿por qué hoy su economía da un giro de la minería al turismo? La respuesta es clara: la construcción de la Unasur.
Para Del Castillo, llevar un centro político estratégico de tan alto nivel a esta zona, obliga a realizar mejoras en los alrededores. San Antonio se volverá la cara del país frente al mundo.
Al momento, ya es posible advertir ciertos cambios: la construcción de la Unasur, las expropiaciones de varios lotes, la repavimentación de la Córdova Galarza y el bulevar . Pero no es suficiente.
Un proyecto tan ambicioso como este necesita de una inversión grande. Troya aspira que el Estado invierta unos USD 258 millones hasta el 2017. Es decir, un promedio de 64 millones y medio por año. Casi
117 veces más del presupuesto anual que la parroquia recibió en gobiernos anteriores.
Ofelia Dávila, expresidenta de la Junta, dice que el Ministerio de Finanzas le entregaba USD 300 000 al año, el Municipio USD 150 000 y el Consejo USD 95 000. Independientemente de eso, el Cabildo asignaba un rubro para obras de alcantarillado, agua potable y de vialidad. Pero jamás una inversión tan grande, como la de hoy, llegó a este poblado.
La cicatriz que la minería ilegal dejó en la zona es alarmante: montañas con cráteres inmensos donde la tierra se desploma con el viento. La herida de las explotaciones antitécnicas alcanza las 1 600 hectáreas. Troya sostiene que ese es un daño que se debe reparar y deben ser los dueños de los territorios que explotaron, vendieron o rentaron, quienes respondan y asuman la responsabilidad. “Es un proceso que va a tener que entrar en la parte legal, pero ya hay la decisión del Gobierno Central de apoyar este plan de regeneración”.
Mientras tanto, se reforestarán 400 hectáreas en el territorio perimetral (Catequilla y La Marca), con participación comunitaria y apoyo del Ministerio del Ambiente.
Sin duda el reto más complicado es el control de la minería, pero el proyecto ya está en marcha. El proceso se inició luego de que se declarara en emergencia a la parroquia por los sismos a partir del 12 de agosto. Se cerraron todas las canteras y el 5 de septiembre se permitió que siete volvieran a operar.
En el momento, de las 45 canteras que existían, solo ocho están habilitadas. La Arcom tiene una oficina en la parroquia por lo que el control es mayor.
En la cantera Rosita, por ejemplo, hay cerca de 40 letreros informativos ; todas las personas que ingresan, deben usar casco y chaleco. Y están empezando a trabajar en terrazas.
Para seguir operando, las minas deben cumplir ciertos requisitos como pavimentar las vías de acceso y controlar que el transporte del material sea el adecuado.
En Rosita, por ejemplo, hay una zona donde el personal verifica que las volquetas lleven solo 8 m3, no 9 como solían hacer antes. Francisco Carrera, administrador de esta mina, ubicada entre Rumicucho y Tanlahua, donde trabajan 15 empleados, cuenta que personal de la Arcom los visita dos o tres veces por semana. Antes, lo hacían, dice, cada dos meses.
El negocio para las minas habilitadas ha mejorado. Están supliendo a las que fueron cerradas. Carrera sostiene que antes de la suspensión vendían unas 30 volquetas al día, hoy venden 50.
La densa nube de polvo que abrazaba al pueblo bajó, en parte por la pavimentación de la culebrilla y de vías cercanas a las minas. Pero la gente está escéptica. “Ver para creer”, dice María Tapia, dueña de un restaurante a pocos metros de la Unasur. Le cuesta creer que luego de tanto olvido, la parroquia al fin despegue.