La Fiscalía indaga a Albert M. y a los otros seis ejecutivos de Spartan y Clearprocess por mover USD 500 millones en exportaciones irregulares de oro, entre el 2012 y el 2014. Foto: Archivo / EL COMERCIO
La investigación de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía confirma nexos entre Spartan y Clearprocess y los denominados Papeles de Panamá. Las dos empresas ecuatorianas son señaladas por mover toneladas de oro aparentemente de forma irregular.
Ese dato lo corroboró la fiscal Diana Salazar en la audiencia de formulación de cargos contra los siete detenidos.
La investigadora detectó transferencias por USD 850 000 desde las cuentas de Spartan hacia otra empresa que opera en Guayaquil y cuyo accionista está vinculado con los Papeles de Panamá, sostuvo Salazar en la diligencia.
El sábado anterior, este Diario incluso informó que Alberto M., quien es señalado por la Policía como el cabecilla de la red de contrabando de oro, creó el fideicomiso Car Trust Finance, con la ayuda de la Fiduciaria Mossfon de Mossack Fonseca. Este estudio ahora es investigado tras la divulgación de los Papeles de Panamá por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
La Fiscalía indaga a Albert M. y a los otros seis ejecutivos de Spartan y Clearprocess por mover USD 500 millones en exportaciones irregulares de oro, entre el 2012 y el 2014.
¿Cómo lograron vulnerar los controles locales y enviar el oro al extranjero? Ayer, la fiscal Salazar respondió un cuestionario enviado por este Diario y dijo que las dos compañías suplantaron la identidad de decenas de comerciantes que manejan facturas bajo el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE).
Este sistema únicamente está habilitado para aquellos negocios que facturan ingresos por debajo de los USD 60 000. De hecho, el principal beneficio es que no pagan impuestos y solo deben declarar los ingresos semestrales que tienen.
Precisamente, según las investigaciones, Spartan y Clearprocess suplantaron la identidad de al menos 230 comerciantes para no tributar las ganancias por el envio de oro.
La Fiscalía incluso tiene denuncias de los contribuyentes aparentemente perjudicados. Las quejas se presentaron sobre todo en El Oro y allí todos señalan que “jamás tuvieron relación comercial con Spartan o Clearprocess”, respondió Salazar a través de un correo.
Los agentes ahora indagan la ruta del oro hacia Estados Unidos. Consultados por EL COMERCIO advirtieron ayer que hay indicios claros de que parte del oro llegaba al Ecuador de la minería ilegal de Perú. Eso lo corroboró Salazar y agregó que también se obtenía de la minería ilegal local.
Este Diario también intentó hablar con los abogados que asesoran a los siete ejecutivos detenidos. Mónica Vargas es una de estas juristas y señaló que no pueden dar mayores detalles del caso, pues aún no han leído todo el expediente que recopiló la Fiscalía durante el año de la investigación. “Estamos hablando de
60 000 fojas, unos 5 000 cuerpos. Debemos sacar copias de todo para analizar”. Incluso sostuvo que aún se estudia si un solo equipo jurídico defiende a todos los procesados.
La asistente de Gonzalo Noboa Baquerizo, otro abogado que aparece como parte del equipo que defiende a los sospechosos, mencionó que se comunicaría con este Diario.
Millonarias ganancias
En la investigación fiscal se advierte que las dos compañías depositaban las ganancias en el sistema financiero nacional, de Estados Unidos, o “inyectaban” el dinero en la compra de bienes, para “disimular o aparentar el verdadero origen de los fondos”.
Datos de la Superintendencia de Compañías refieren que Clearprocess fue activada el 2 de febrero del 2012 en Machala y su actividad económica es la explotación, fundición y refinación de minerales.
Según los reportes del Servicio de Rentas Internas, Salazar asegura que entre el 2012 y 2013 la empresa registró ingresos por cero dólares. Sin embargo, un año después, en el 2014, la compañía reportó ingresos por USD 189, 2 millones.
Algo similar ocurrió con Spartan, una empresa creada en 1979 para importar, exportar y fabricar químicos. En el 2013 empezó a exportar oro -sin notificar a las autoridades- y registró un incremento en sus ingresos de aproximadamente del 200%, en el 2013. Y en el 2014, del 2000%.
Esos detalles constan en los documentos que exhibió la fiscal Salazar en la audiencia de formulación de cargos.
Allí también se presentaron los informes de las interceptaciones telefónicas hechas a los ejecutivos detenidos. Las transcripciones revelan que los sospechosos estaban “preocupados” frente a la posibilidad de “ser descubiertos”. “Mantenían conversaciones entre sí. Incluso planificaban el cometimiento de otros ilícitos para evitar que los descubran”, argumentó Salazar.