30 de abril de 2019 00:00

Cuatro temas pendientes hay entre Julian Assange y Ecuador

Carlos Poveda, integrante del equipo jurídico de Assange en Ecuador, acudió ayer a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia. Foto: Diego Pallero/EL COMERCIO

Carlos Poveda, integrante del equipo jurídico de Assange en Ecuador, acudió ayer a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia. Foto: Diego Pallero/EL COMERCIO

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Roger Velez

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La decisión del Gobierno de retirarle el asilo a Julian Assange, el 11 de abril pasado, solo cerró un capítulo en la relación del fundador de WikiLeaks con Ecuador.

Este lunes 29 de abril 2019 Carlos Poveda, quien forma parte del equipo de abogados del ‘hackeraustraliano, acudió a la Fiscalía General del Estado para solicitar que se investigue un supuesto espionaje contra su cliente, durante el último año que permaneció refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres.

La acusación la presentó en contra de siete personas, entre ellas el jefe de la misión diplomática, Jaime Marchán, y cuatro empleados de una empresa encargada de custodiar el edificio.

Por parte de la Cancillería todavía no hay un pronunciamiento, mientras Poveda también aguarda el informe de dos relatores especiales de la ONU, tras haber visitado a Assange en una cárcel de la capital de Reino Unido.

A la par, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea avanza el trámite de una solicitud de juicio político en contra de la excanciller, María Fernanda Espinosa. Con este proceso, legisladores de la oposición pretenden que se determine responsabilidades por la entrega de la nacionalidad ecuatoriana a Assange que, según el Gobierno, se dio de manera irregular.

La justicia, de su lado, investiga supuestos nexos de WikiLeaks y Assange en Ecuador a través de Ola Bini.

Cuatro asambleístas de partidos de oposición acudieron ayer a la Comisión de Fiscalización para presentar pruebas contra excanciller. Foto:  EL COMERCIO

Cuatro asambleístas de partidos de oposición acudieron ayer a la Comisión de Fiscalización para presentar pruebas contra excanciller. Foto: EL COMERCIO


Tercera denuncia contra misión diplomática


Carlos Poveda, uno de los integrantes del equipo jurídico del fundador de WikiLeaks, acudió ayer con una denuncia a la Fiscalía, en Quito.

El jurista solicitó que el organismo abra una acción penal pública para que se investigue a tres diplomáticos de la Embajada de Ecuador en Londres, incluido el embajador Jaime Marchán, y a cuatro funcionarios de una empresa dedicada a brindar el servicio de seguridad al edificio.

A ellos los acusa de supuestamente violar la intimidad, interceptar y revelar datos, y difusión de información restringida sobre Assange. Aunque no hubo una reacción oficial de la Cancillería, una fuente dijo que no fue esa dependencia la que instaló los equipos sino órganos de Inteligencia.

Esta no es la primera acción legal que afronta la Cancillería por parte de la defensa de Assange. En octubre pasado, el Canciller y el Procurador tuvieron que acudir a un juzgado de Quito para defender la aplicación de un protocolo que regulaba las comunicaciones y convivencia de Assange en la Embajada en Londres. La acción de protección no fue aceptada.

Tampoco consiguieron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgara medidas cautelares, en marzo.


Investigación por entrega de nacionalidad

En la Asamblea y la Contraloría se adelantan investigaciones sobre la entrega de la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange.

Ese es uno de los temas que se analizan dentro de la Comisión de Fiscalización en el trámite del juicio político en contra de la excanciller María Fernanda Espinosa, en cuya gestión se le otorgó el documento.

“Las investigaciones deben llegar hasta los cómplices, colaboradores y encubridores”, manifestó la socialcristiana Cristina Reyes.

Reyes forma parte de los cuatro asambleístas que impulsan el proceso de interpelación a la exfuncionaria, a quien también cuestionan por haber gestionado que Assange sea designado como funcionario diplomático ecuatoriano, en 2017.

El canciller, José Valencia, a través del acuerdo ministerial 042, decidió el 10 de abril pasado declarar esas gestiones como un “acto administrativo lesivo”, que de acuerdo con la Ley de Movilidad Humana es un paso previo para la nulidad de la carta de naturalización.

Entre otras cosas, en el trámite se habían detectado documentos de identidad presuntamente adulterados, inconsistencias en firmas y no pago de derechos consulares.


Relatores especiales ONU se pronunciarán

En los relatores especiales de la ONU sobre el Derecho a la Privacidad, Joe Cannataci, y sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, persiste la preocupación en relación a la situación de Julian Assange.

De acuerdo con la defensa del fundador de WikiLeaks, ellos lo visitaron el 25 de abril en la cárcel de Londres, en donde permanece detenido desde que dejó la Embajada, y no descarta que requieran información al Gobierno ecuatoriano .

La Defensoría del Pueblo de Ecuador, el 11 de abril pasado, emitió un comunicado en el que cuestionaba al Ejecutivo por las garantías del debido proceso en el retiro del asilo.

El próximo 2 de mayo se dará una primera audiencia en la que la justicia británica analizará un pedido de extradición a Estados Unidos, país del cual en su momento Assange divulgó secretos militares y cables diplomáticos.

La Secretaría de Comunicación de Presidencia de la República divulgó semanas atrás comunicaciones en las que Gran Bretaña subraya que sus leyes impiden la extradición de una persona a un sitio donde pueda sufrir tortura o maltratos o corra riesgo de que se le aplique la pena de muerte.


Las repercusiones por detención de sueco

El caso del ciudadano sueco Ola Bini preocupa a los relatores especiales para la Libertad de Expresión de la ONU y la OEA, y a organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y Artículo 19.

Se trata de un programador y ciberactivista que fue detenido por la policía ecuatoriana el 11 de abril pasado en el aeropuerto de Quito, cuando se aprestaba a viajar a Japón.

Un juez dictó en su contra prisión preventiva por 90 días, mientras se lo investiga por la presunta comisión del delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos.

Para su defensa, no está claro cuál sistema informático habría vulnerado su cliente.

La ministra del Interior, María Paula Romo, pidió que la justicia aclare supuestos vínculos de Bini con WikiLeaks y si habría colaborado con intentos de desestabilización en contra del Gobierno.

Por su parte, la defensa de Bini ha explicado que él es amigo de Julian Assange, pero que no tiene relación con la organización WikiLeaks.

La semana pasada, la Cancillería de Suecia solicitó explicaciones al embajador de Ecuador en Estocolmo en relación al caso, a pedido de sus familiares.

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