26 de junio de 2018 00:00

Líos jurídicos en la designación de la sucesora del 'Chato' Castillo

Bolívar Castillo (centro) anunció que entregaría el poder a la vicealcaldesa Pineda. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO

Bolívar Castillo (centro) anunció que entregaría el poder a la vicealcaldesa Pineda. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO

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Lineida Castillo

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La revocatoria del mandato del alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, provocó una nueva polémica al interior del Concejo Cantonal.

Con el 100% de actas escrutadas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que el 70,85% de los votantes lojanos decidió apoyar la revocatoria. La opción para que el burgomaestre continúe en su cargo alcanzó el 29,15 %.

Ahora, las discusiones se centran en quién –legalmente- debe asumir la administración municipal. La normativa electoral establece que ante la destitución de un alcalde asume esas funciones el vicealcalde.

En este caso le correspondería a Piedad Pineda, del movimiento Acción Regional por la Equidad, al que pertenece Castillo. Ella fue electa en la sesión del 9 de agosto pasado, con los votos del Alcalde y de cinco de los 15 concejales. Ese día se separó de la vicealcaldía a Franco Quezada, de línea opositora y que permaneció en ese cargo desde mayo del 2014.

Pero esta nominación está en litigio legal desde diciembre pasado ante el Tribunal Contencioso Electoral. Quezada demandó a Castillo, al Concejo Cantonal y al asesor jurídico del Municipio de Loja por esta decisión . El demandante exige la nulidad de esa sesión.

El argumento de Quezada es que el Alcalde no presentó los elementos jurídicos para el relevo, como lo establece el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad). También aduce que la sesión se hizo sin quórum, porque los seis concejales de oposición abandonaron la sesión por las supuestas anomalías jurídicas.

La audiencia que determinará la legalidad o ilegalidad de la designación se efectuará el próximo 9 de julio. El concejal Darwin Avendaño cree que mientras no se resuelva esta demanda Piedad Pineda no podría asumir la Alcaldía.

Tras conocer los resultados electorales, Castillo dijo que ayer (lunes 25 de junio del 2018) entregaría el despacho a su sucesora. Pero hasta la tarde no se concretó el traspaso, ya que eso implicaría saltarse algunos pasos legales.

El Código de la Democracia establece que el CNE notifique los resultados oficiales a las partes, por escrito. Posteriormente, se ordena la salida inmediata de la autoridad revocada. Ésta última debe renunciar y entregar el cargo.

Para la asambleísta lojana Jeannine Cruz, del movimiento Creo, si Castillo abandona la administración antes de ser notificado cometería una ilegalidad. “Tiene que haber veedores que registren la entrega formal y en qué condiciones deja el Municipio, el informe económico, de obras...”.

Solo así, según Cruz, podrán firmar el acta de entrega y recepción. La legisladora considera que Castillo se adelantó a decir que da un paso al costado, porque sabe que deberá responder a un proceso de auditoría sobre todo su período.

La razón: varios concejales pidieron a la Contraloría General del Estado que se realice un informe de su gestión.

Entre los temas que piden que se analice destaca el contrato que se firmó con la empresa Safety Enforcement, que maneja el sistema de fotomultas en Loja. Justamente, esa fue una de las causales que usó Segundo Armijos, dirigente del taxismo lojano, para interponer el recurso de la revocatoria del mandato.

El edil Darío Jaramillo dijo que en los próximos días el Concejo Cantonal sesionará para posesionar a la sucesora de Castillo y elegir al nuevo vicealcalde de Loja.

Piedad Pineda, la virtual alcaldesa, habla de la legitimidad de su nombramiento y ya planifica sus primeras acciones. “Vamos a oxigenar el municipio. Hay deficiencias que hemos observado. Debemos evaluar el trabajo de algunos funcionarios y nos quedaremos con los mejores”, insistió.
Pese a su derrota en las urnas Castillo conserva sus derechos políticos y podría postularse a un cargo de elección popular.

Sin embargo, el aún alcalde tiene una prohibición de salir del país por una demanda interpuesta por 1 132 trabajadores municipales ante la Inspectoría del Trabajo de Loja. Ellos reclaman un presunto incumplimiento de la nivelación salarial entre el 2012 y 2015, que sumarían USD 3,5 millones. Este proceso pasará a la Fiscalía.

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