En tres ejes se centran las reformas en materia de seguridad ciudadana que se discuten entre la Asamblea Nacional, el Ejecutivo y la Función Judicial. La discusión se centra en la depuración de la Policía y Fuerzas Armadas, la transformación del sistema de rehabilitación social y una nueva política criminal.
El primero cobró fuerza después del femicidio de María Belén Bernal en la Escuela de Policía. Al igual que el involucramiento de algunos uniformados en robos o asaltos. El ministro del Interior, Juan Zapata, señaló que se requiere actualizar la legislación que rige a las entidades de seguridad pública.
El funcionario adujo que en la actualidad los procesos sancionatorios internos toman un mínimo de 45 días, en el mejor de los casos y hay un excesivo garantismo que permite la reincorporación de elementos que son separados, luego de cumplidos los trámites administrativos y el debido proceso.
“La disciplina es un eslabón tan importante que tiene la Policía. Si no tenemos esas reformas es absolutamente complicado”, dijo a EL COMERCIO. Zapata mencionó que 3 000 funcionarios fueron sacados de la institución como producto de la autodepuración, pero el 60% de ellos han retornado por acciones de protección.
Además, el ministro Zapata insistió en que se requiere del apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía para enfrentar a la delincuencia, por lo que llamó a la Asamblea a considerar reformas en este sentido, aunque la Corte Constitucional no dio paso a una consulta.
Las cárceles
En lo que tiene que ver con la reestructuración del SNAI, las propuestas van desde dar una “jerarquía mayor”, de tal forma que pueda ser objeto de control político por parte de la Asamblea, medidas para bajar el hacinamiento.
La necesidad de esas reformas recobraron vigor después de las masacres ocurridas en las cárceles de máxima seguridad de Latacunga y Guayaquil, que solo hace pocas semanas cobraron la vida de una treintena de prisioneros.
Para el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, Ramiro Narváez, estos cambios serán insuficientes si no se define una política criminal en la nación. “Ecuador es uno de los países que no tiene una política criminal, hay que institucionalizarla, hay que entender al crimen, su origen, para combatirlo. Una política criminal busca no solo enfrentar el delito sino prevenir”, dijo.
Según Narváez, allí se deberán incluir todos los planes, acciones y estrategias enfocadas en dos objetivos: enfrentar y prevenir el crimen. “No sirve de nada enfrentar al delito si la sociedad sigue generando delincuentes”, anotó. La Policía requirió que dentro de los cambios se cuente con nuevas herramientas para enfrentar el narcotráfico, considerado como la principal amenaza para el Estado.
La mesa de la seguridad conformada entre delegados de los tres poderes del Estado empezó a operar el miércoles 19 de octubre. Allí estuvo el secretario Jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo.
Pozo agregó que se busca replicar “la experiencia positiva” que tuvieron los dos poderes del Estado en elaborar un nuevo anteproyecto de Ley de Inversiones. El documento está en revisión del presidente Guillermo Lasso. Para lograr que el debate de estos temas vayan al Pleno en 60 días, convinieron incluirlos dentro de las reformas a la Ley de Seguridad Integral que modifica a seis cuerpos legales en esta área.
El jefe de bloque del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres, pidió que el debate no se cierre e insistió en su propuesta de reformas para el porte y tenencia de armas. El presidente de la Comisión de Seguridad y el secretario Jurídico lo ven con cautela.
Torres pidió la actualización de un acuerdo ministerial que rige desde 2009, y que fue expedido por el gobierno de Rafael Correa, que no ha permitido que las personas que tienen un arma de fuego, como agricultores y ganaderos, renueven sus permisos.
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