En menos de tres años, Ernesto J. ha sorteado una serie de obstáculos que en la Policía Judicial (PJ) y en la Fiscalía ha encontrado para recuperar los dos autos que le fueron sustraídos por desconocidos.
A las 11:30 del miércoles, aguardaba junto a su madre María J. para ser atendido en la Unidad de Patrimonio Ciudadano de la Fiscalía de Pichincha (norte).
Desde hace tres días espera que le asignen un fiscal ante su denuncia de robo y posterior rescate de su auto Hyundai sedán, modelo 2011. Ernesto J. espera recuperar su vehículo que permanece en los patios de la PJ del barrio Marianitas, en el norte de Quito.
Allá fue trasladado luego de que la Policía lo encontrara en San Isidro del Inca (norte).
El domingo en la madrugada, cuatro desconocidos lo asaltaron en la esquina de La Prensa y Carvajal. Tras agredirle y robarle sus documentos personales, tarjetas de crédito y celular, lo abandonaron maniatado en un bosque desolado y huyeron en su vehículo.
Aún sin reponerse del susto, el afectado volvió la tarde del miércoles a la Fiscalía para insistir que le atendieran. Él sabe que en estos casos solo la persistencia sirve para que se agilicen los trámites y no quiere que se repita lo ocurrido en el 2008. El lunes 28 de enero de ese año le robaron su camioneta Mazda, en el parqueadero de un mercado del norte de Quito.
En esa ocasión debió esperar cuatro días para que le designaran un fiscal y este nombrara a un agente de la PJ para que investigara el caso. Aún recuerda esos momentos: “El policía me dijo venga mañana. Me tocó traer los implementos, porque el policía no los tenía. Tuve que pedir una cámara para que tomara fotos del sitio de donde se robaron el carro. También pagué el revelado de ocho tomas y de las carreras de taxi para que fuera a investigar”.
Lo peor -dice- es que después de dos meses de investigaciones, realizadas más por insistencia de Ernesto J., el agente no entregó ningún informe al fiscal. “Incluso después ya no pude ni encontrar al policía. En la PJ dijeron que lo mandaron a otra provincia y que sí se pasó el informe. Me decían que debí dar una propina, pero no lo hice”. Al final Ernesto J. prefirió abandonar la búsqueda.
Sin embargo, ahora dice que seguirá hasta que la PJ le entregue su auto. Tras el robo, él y sus parientes emprendieron un rastreo por Nono, Calacalí y otras zonas de la ciudad. Hasta que a eso de las 12:30, los uniformados reportaron que el auto fue hallado. Pero, allí recién empieza el camino tortuoso para quienes quieren recuperar sus pertenencias que, a través de operativos u otras circunstancias, fueron rescatadas.
La abogada Patricia Campués, quien asesora en estos trámites, señala que sin una difusión por parte de la PJ de los bienes recuperados, los afectados solo se enteran a través de algún noticiero o publicación en la prensa. Se conoció que para finales de mayo se prevé el remate de los vehículos que no han sido reclamados y que los interesados deberán inscribirse tras el pago de USD 20.
Al enterarse, emprenden un interminable trajinar entre la Brigada de Automotores, en el segundo piso de la PJ, y el sexto piso de la Fiscalía para gestionar las notificaciones y presentar los documentos. Además tienen que trasladarse unos 20 km hacia el norte, hasta las bodegas de la PJ en Marianitas, para que se comprueben las características del bien o el número de serie en caso de automotores. Para eso debe viajar durante una hora y media en autobús o en taxi.
Ernesto J. y Carlos R., quien también intenta recuperar su auto, coinciden en que esto demora dos meses o más. Hasta que se asigne un fiscal pasan unos cuatro días, dos más para que se fije al agente. A este le toma unas tres semanas las indagaciones. Otros 20 días para que un perito haga las verificaciones de las series de los objetos recuperados y las pruebas de revalidación del vehículo. Carlos R. reconoce que solo la insistencia ayuda a que se aceleren los trámites, incluso a veces “hay que darles alguna propina para que hagan rápido las diligencias”.
El fiscal Paúl Pérez no está de acuerdo con que el trámite sea engorroso. “Las personas a veces no comprenden que la ley exige el reconocimiento y avalúo de las evidencias, y la justificación de la propiedad”. En el 2010, la Unidad de Patrimonio Ciudadano devolvió unos 120 vehículos.
El fiscal de Pichincha, Marco Freire, agrega que ahora se toma menos tiempo y aduce que eso ocurre desde hace tres meses. “Antes la Fiscalía tenía que enviar a la PJ las solicitudes para que se asigne un agente y eso demoraba demasiado”. Pero ahora cada fiscal dispone de tres agentes para las investigaciones.
No obstante, el fiscal Pérez reconoce que igual están cargados de trabajo, ya que por ejemplo en febrero su oficina repartió 63 delegaciones entre los tres agentes.
Freire señala que también depende de los propietarios quienes deben presentar el título de propiedad, aunque en la actualidad en muy pocos almacenes se entrega este documento. Así la recuperación del bien se complica más, ya que es necesario un informe sumarial que incluye testigos que avalen la propiedad.
A Manuel A. ni la perseverancia le permitió recuperar todos los bienes sustraídos de su casa y que luego fueron hallados. “No nos permitieron estar en el reconocimiento de las cosas y solo nos devolvieron un 30%, incluso los televisores plasmas estaban rayados”.
Así la mayoría de víctimas prefieren abandonar la búsqueda de las cosas recuperadas.