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Corte Nacional notifica la sentencia de ocho años contra Rafael Correa

La defensa de los condenados en el caso sobornos asegura que no ha recibido la sentencia por escrito. Foto: Archivo/ Julio Estrella/ EL COMERCIO.

La defensa de los condenados en el caso sobornos asegura que no ha recibido la sentencia por escrito. Foto: Archivo/ Julio Estrella/ EL COMERCIO.

La defensa de los condenados en el caso sobornos. Foto: Archivo/ Julio Estrella/ EL COMERCIO.

La sentencia en contra del expresidente Rafael Correa fue notificada a las 22:38 de ayer domingo 26 de abril del 2020. La notificación se produjo 19 días después de que la Corte Nacional de Justicia lo condenara a ocho años de cárcel por el caso Sobornos, por el delito de cohecho.

Entre los condenados también están Jorge Glas, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Christian Viteri, Pamela Martínez, Laura Terán y empresarios.

Los abogados de los procesados dijeron que presentarán apelaciones.

El Código Integral Penal (art. 280) establece que el delito de cohecho es penado con cárcel de hasta siete años. Según la fiscal general, Diana Salazar, los procesados conformaron una estructura criminal que recibió millones de dólares en sobornos.

El pasado 6 de marzo del 2020, la Fiscalía acusó al exmandatario como autor mediato de ese ilícito y pidió la máxima pena aumentada en un tercio. Lo mismo pidió para Glas; para el exsecretario jurídico, Alexis Mera; los exministros Duarte,  Solís, Alvarado; el exlegislador Christian Viteri, la asambleísta Bonilla y 10 empresarios.

En la sentencia de 413 páginas se recoge lo dicho por la Fiscalía, en el sentido de que “entre el 2012 y el 2016, periodo del expresidente Rafael Correa, se instauró una estructura delincuencial integrada por varios funcionarios públicos con roles determinados (líderes y coordinadores) designados estratégicamente y de forma secuencial en cargos como ministros, secretarios de estado, gobernadores y asesores”.

Según la Fiscalía, estos funcionarios “facilitaron la aceptación y el recibimiento de ofertas, promesas o dones ofrecidos y entregados por varios empresarios nacionales y extranjeros; todo esto, a cambio del otorgamiento de contratos de obras de infraestructura concedidos con violación a los principios de la contratación pública como la igualdad, oportunidad, transparencia; utilizando como regla la excepcionalidad para pretender dar a sus actuaciones una apariencia de legitimidad”.

Los investigadores también dijeron que “los acusados, servidores públicos y privados (en unos casos representantes legales, accionistas, apoderados o relacionados con varias empresas nacionales y extranjeras) actuaron de manera simultánea y coordinada”.

El procurador general del Estado, Íñigo Salvador, además dijo que Correa “institucionalizó una sofisticada estructura de corrupción, diseñada y dirigida desde la propia Presidencia de la República”.

Indicó que el exjefe de Estado usó Carondelet y recursos públicos, con la intervención de funcionarios de rangos altos y medios de la administración pública que también utilizaban las instalaciones y recursos para recaudar, canalizar y administrar sobornos recibidos de empresarios privados a cambio de contratos de obra pública.

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