27 de September de 2011 16:36

La sentencia al acusado de la muerte de Bruno se conocerá el lunes

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El Tribunal Undécimo de Garantías Penales de la Corte de Justicia del Guayas notificará por escrito, el próximo lunes, la sentencia con la que declaró culpable del delito de robo agravado con muerte a Carlos Alfredo M. "Estamos analizando la pena que aplicaremos para este caso, tratamos de que se notifique lo más pronto posible", indicó esta mañana la jueza Isabel León, vocal del Undécimo Tribunal que dictó el fallo.

Carlos Alfredo M. fue imputado por la Fiscalía como uno de los autores de la muerte del niño Bruno, hijo del periodista deportivo Rómulo Barcos.

La mañana del pasado 20 de noviembre, Barcos y su hijo fueron víctimas de robo dentro de una lavadora de autos, en el Suburbio de Guayaquil.

El dueño de la lavadora reaccionó al robo y se enfrentó a los dos delincuentes. En el intercambio de disparos, una bala impacto en la pierna de Bruno, de 10 años, quien falleció a las pocas horas.

Días después, la Policía Judicial detuvo a Carlos Alfredo M. y a un menor de 16 años. Ambos fueron identificados por Barcos como sus victimarios durante un cacheo. El menor de edad fue sentenciado a cuatro años de internamiento, en abril pasado.

Ayer, durante la audiencia de juzgamiento, la defensa de Barcos argumentó que este identificó plenamente a sus victimarios.

"Fue muy claro (Barcos) en cuanto a ese reconocimiento, en todas las etapas del proceso", argumentó el presidente del Tribunal, Marlon Castro, al momento de leer la sentencia. "Los testigos, traídos por la defensa y analizados por la Fiscalía, han tenido incoherencias en cuanto a que ninguno supo la hora en la que en realidad sucedió el ilícito", agregó el juez.

El Tribunal declaró responsable a Carlos Alfredo M. por los delitos tipificados en los artículos 550, 551 y 451 del Código Penal. Los dos primeros se refieren al robo, y el último a la responsabilidad por el asesinato producto del robo. Según el Código Penal, el delito por robo agravado que resulta en muerte de la víctima tiene una pena de reclusión mayor de 16 a 30 años.

La defensa del sentenciado indicó que apelará la sentencia, aduciendo que durante la detención no se garantizaron sus derechos.

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