Varios restaurantes apelan a 3 vías ilegales para el uso de gas doméstico
La segunda planta del local quedó totalmente destruido. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
No fue la primera vez. En el 2014, el mismo restaurante en el que ocurrió una explosión la noche del 24 de diciembre del 2017 que causó al muerte de dos personas y dejó 12 heridas, ya fue sancionado por haber almacenado 52 cilindros de gas de uso doméstico.
En ese entonces, la Unidad de Investigaciones de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos de la Policía realizó un operativo y el Toronto recibió una sanción administrativa.
Esta vez el propietario afronta cargos por homicidio culposo y almacenamiento de gas. Así lo señaló la fiscal General Subrogante, Tania Moreno, quien además informó que se investigará cómo se entregaron los permisos para que un restaurante que usaba gas opere al lado de una gasolinera.
En Quito están registrados 3 434 locales donde se venden alimentos preparados y bebidas. Dependiendo de su tamaño, están clasificados en cinco categorías. La uno y la dos -a la que pertenecen pequeños locales y panaderías populares- pueden hacer uso de los tanques de gas domésticos que cuentan con un subsidio del Estado. El resto, en donde se encuentran asaderos, restaurantes, hoteles, etc., debe comprar tanques industriales.
El kilo de gas doméstico se vende a USD 0,10 mientras que el kilo del industrial cuesta USD 0,98. Ahí está el origen del problema para Gustavo Moncayo, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas de Pichincha.
Ambos tanques de gas de 15 kilos son similares. Las diferencias radican en el costo y en que los industriales tienen una línea negra que los atraviesa y tienen una válvula distinta.
A domicilio, el tanque sin subsidio cuesta entre USD 18 y USD 20. El otro, USD 3,50.
Según Moncayo, los 300 distribuidores de gas que hay en Quito y los 700 que trabajan en Pichincha, saben que está prohibida la venta de gas doméstico a grandes restaurantes. La multa, dice, supera los 25 salarios mínimos vitales: USD 9 000. Además, si los detecta la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), pueden ir presos. Por esa razón, antes de entregar los tanques a restaurantes, piden que presenten el Rise.
Moncayo asegura que con el afán de ahorrar, algunos locales tienen mecanismos para evadir la ley. El más frecuente: enviar a sus trabajadores a comprar gas doméstico.
Otro, según Moncayo, consiste en pasar el gas del tanque doméstico al industrial. El tercer mecanismo es una instalación con gas industrial y una paralela con el doméstico. Colocan doble llave y cuando llegan inspectores solo usan el industrial.
El promedio al mes de consumo de GLP industrial en Quito, entre enero y junio de este año, es de 291 500 kg (19 433 cilindros de 15 kg) y para el período julio-noviembre es de 298 215 kg (19 881 cilindros de 15 kg). “Por lo cual existe un incremento en el consumo del 2,3%”, dice la ARCH.
El control
Para poder operar, cada local debe contar con una Licencia Única de Actividades Económicas LUAE. Para obtener ese documento, cada centro debe pasar por varias inspecciones de la Secretaría de Ambiente, de Territorio, de la Dirección de Riesgos y del Cuerpo de Bomberos. Estos últimos revisan los sistemas de mitigación contra incendios, extintores, el plan de emergencia contra incendios y verifican el sistema de distribución de gas.
El Toronto pasó todas esas inspecciones y contaba con la documentación en orden. Sin embargo, según Juan Zapata, secretario de Seguridad del Municipio, luego del incidente se halló una conexión de gas clandestina en el restaurante.
Zapata explica que la central clandestina era indetectable. “Se hubiese tenido que romper columnas para identificar esa irregularidad”.
La Ley dice que luego del control, todo debe mantenerse en esas condiciones, y cualquier cambio que se realice debe ser comunicado a la entidad de control, caso contrario queda invalidado el permiso.
Luego del incidente, las autoridades de control constataron que la central clandestina tenía nueve tomas, cuando lo permitido es tres. Zapata rechaza el comunicado del abogado del restaurante que asegura que cumplieron todas las normas: “Hay un proceso legal de por medio. Nos ceñimos a las pruebas y evidencias”.
Zapata añade que controlar que se utilice gas industrial en lugar de doméstico no es competencia municipal. Lo que sí controla el Cabildo son los documentos.
Según la Agencia de Control, en lo que va del año 2017, ha realizado 1 984 verificaciones de control de LUAE en restaurantes. De estas, 563 recibieron infracciones por las que se iniciaron procesos administrativos sancionadores: 116 procesos por falta de LUAE, 220 por los informes técnicos remitidos por el Cuerpo de Bomberos por incumplimiento de las reglas técnicas y, además, 227 expedientes por informes técnicos remitidos por Quito Turismo.
En contexto
Hasta la mañana de ayer (26 de diciembre), se registraron siete denuncias de personas que estarán incapacitadas de trabajar por 30 días. Y tres denuncias por daños materiales. Se solicitará la reparación integral de los daños y se anunció que las penas se pueden acumular.
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