28 procesados por corrupción, presos en casa
En junio, el Teodoro Maldonado Carbo fue allanado; su exdirector está con arresto en casa. Foto: Archivo.
Las investigaciones penales ejecutadas durante la emergencia sanitaria muestran cómo los operadores de justicia procesaron a 197 personas en el país. En un informe que tiene en su poder la Policía se puede ver que de ellos 28 tienen arrestos domiciliarios, 42 se hallan prófugos y el resto está recluido en cárceles .
Según informes oficiales, unos procesados accedieron al arresto en casa, porque en los días más álgidos del covid-19 contrajeron el virus y, por prevención, no fueron llevados a los centros penitenciarios.
Para acceder a este beneficio, el Código Penal (artículo 537) establece como requisito que el imputado “presente una enfermedad incurable en etapa terminal, (…) de alta complejidad o rara que no le permita valerse por sí mismo”.
Por ejemplo, el exdirector del Hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, Luis Jairala Zunino, está en su casa. Él mantiene tres procesos judiciales por los presuntos delitos de peculado, asociación ilícita y delincuencia organizada.
A finales de julio pasado, un juez penal dispuso que el funcionario sea vigilado las 24 horas del día en su domicilio. La decisión se adoptó luego de que presentara certificados médicos que indicaban que su salud era delicada por el virus.
El 5 de junio, otros dos funcionarios del Hospital del IESS también presentaron certificados de tener covid-19.
El juez Gustavo Guerra dispuso su custodia en sus domicilios. Ellos son indagados por compras de insumos médicos.
Dos involucrados más recibieron igual beneficio. Uno de ellos tiene más de 65 años y la otra se halla embarazada.
¿Cómo se realiza la custodia en las casas? Agentes de la Policía Judicial (PJ) dicen que no existe un reglamento, pero sí lineamientos. El personal que realiza este trabajo pertenece a las Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de los barrios.
Lo primero que hacen los uniformados es inspeccionar el lugar en donde permanecerán los procesados. Luego levantan un informe de posibles riesgos con el detalle del número de puertas o ventanas y posibles rutas de escape.
Únicamente después de tener ese documento se evalúa si es necesario uno o más agentes para la custodia. Existen casos en los que se ha desplegado hasta cinco gendarmes.
La orden es que los policías los controlen todo el tiempo y que el imputado no tenga acceso a objetos que sirvan para atentar contra su vida, como cuchillos. En los dormitorios no se permiten espejos, tijeras, vasos ni botellas de vidrio.
Los procesados tienen prohibido hacer fiestas, consumir bebidas alcohólicas y tampoco se les permite ingresar alimentos. En el caso de que tengan problemas de salud se permite su salida solo para chequeos.
Como medida de seguridad, la Policía dice que cambia de custodios de forma continua.
Esto ocurre porque hay casos en los que los arrestados intentan sobornar a los agentes.
Los fugitivos
Como parte de los procesos penales por corrupción, la Policía Nacional tiene boletas para capturar a 42 personas señaladas por delitos como peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito.
Los agentes a cargo de la búsqueda dicen que las primeras tareas se enfocan en rastrear las últimas llamadas telefónicas que realizaron los sospechosos. Revisan las publicaciones en redes sociales y los movimientos bancarios.
Además, se investiga la relación sentimental y familiar. “Se indaga a todo su árbol genealógico”, dice uno de los agentes que trabaja en la sección de Ubicación y Detección de Personas, en la PJ de Quito.
Según las investigaciones de esa unidad especial, los sospechosos tratan de esconderse especialmente en provincias cercanas a las fronteras con Perú y Colombia.
El uso de vuelos clandestinos es una de las estrategias usadas. Esa vía intentó usar Daniel Salcedo, implicado en los actos de corrupción de los hospitales de Guayaquil.
La Policía no descarta que uno de los hijastros del exprefecto del Guayas Carlos Luis Morales también haya salido del país de esta forma. Es indagado por tráfico de influencias.
Los agentes han detectado que otros procesados dejan el país con credenciales falsas o con cédulas de personas fallecidas. Así burlan los controles.
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