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Prisión preventiva para mujer acusada de explotación sexual en Guayaquil

Una mujer es acusada de explotación sexual. La Fiscalía informó que fue detenida

Una mujer es acusada de explotación sexual. La Fiscalía informó que fue detenida "en delito flagrante". La instrucción fiscal del caso durará 30 días. Foto: Twitter/ @FiscaliaEcuador

Una mujer es acusada de explotación sexual. La Fiscalía informó que fue detenida "en delito flagrante". La instrucción fiscal del caso durará 30 días. Foto: Twitter/ @FiscaliaEcuador

La Fiscalía General del Estado informó este sábado 2 de mayo del 2020 que el juez Gustavo Guerra dictó prisión preventiva para una mujer detenida en un operativo realizado en una casa de citas en Guayaquil. La detenida, Lisbela F., es extranjera y está acusada del delito de explotación sexual.

De acuerdo con la información de la entidad, la mujer fue detenida "en delito flagrante" en un departamento que se encuentra en las calles Manuel Galecio y Rumichaca, en el centro de Guayaquil.

Su detención se llevó a cabo luego de una investigación preliminar que determinó que en ese lugar "operaba un grupo de personas que- a través de Internet- ofertaba servicios sexuales y de compañía, de jóvenes mujeres nacionales y extranjeras a cambio de valores económicos que oscilaban entre los USD 60 y los USD 100". 

La fiscal Cecilia Rodríguez solicitó en la audiencia de flagrancia, que se realizó vía telemática,  la prisión preventiva para la mujer por el delito de explotación sexual.

Como elementos de convicción, según el informe de la Fiscalía, Rodríguez presentó los partes policiales y de aprehensión, la orden de allanamiento y versiones de las mujeres afectadas y de presuntos clientes que estaban en el lugar en el momento del operativo.

Además fueron presentados "celulares, libros contables, registros de personal" así como una bitácora "de atención a clientes y nombres de las víctimas del hecho". 

Gustavo Guerra juez de Garantías Penales, acogió este pedido y ordenó la prisión preventiva para Lisbela F. El período de instrucción fiscal durará 30 días. 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece en su artículo 100 que la persona que "para beneficio propio o de terceros venda, preste, aproveche o de en intercambio a otra para ejecutar uno o más actos de naturaleza sexual, será sancionada con pena privativa de libertad de 13 a 16 años".

La pena podría ser de 16 a 19 años "si la conducta descrita se lleva a cabo sobre personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o enfermedad catastrófica, personas en situación de riesgo o se encuentren en situación de vulnerabilidad o si entre la víctima y la persona agresora se mantiene o se ha mantenido una relación consensual de pareja, de familia, conyugal o de dependencia económica o exista vínculo de autoridad civil, militar, educativa, religiosa o laboral".