La pista clave para identificar a los sospechosos del asesinato de Marco Samaniego Luna fue el registro de llamadas telefónicas que la Policía halló en el celular de la esposa del fallecido: Myriam L, de 24 años.Ella habría hablado en varias ocasiones con los autores del crimen. Uno de ellos es el cabo de la Policía, en servicio activo, Marco H., asignado a la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Tumbaco. “El aparente móvil fue el cobro del seguro de vida del occiso, el cual era de USD 50 700”, dijo ayer el director nacional de la Policía Judicial, Rodrigo Suárez. “Se presume que la esposa de la víctima sería la autora intelectual”. Ella trabajaba en la misma empresa privada de seguros y habría comprado una póliza para su esposo poco tiempo antes de que se produjera el asesinato. Era la beneficiaria directa del pago por la muerte del joven. Según los agentes de la Unidad de Homicidios, Myriam L. actuó con la complicidad de un amigo que trabaja como taxista. Él supuestamente fue el encargado de trasladar a Samaniego desde la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) hasta la avenida Simón Bolívar. Allí lo esperaban Marco H., quien, según la Policía, fue el autor de los disparos contra Samaniego, con un pistola calibre 9 milímetros. El cadáver apareció el 4 de junio pasado, a la altura de la Universidad Internacional. El crimen habría sido presenciado por otro policía en servicio activo. El sargento Fabián A., quien hasta antes de ser involucrado en el caso trabajaba en la Policía Judicial.Sus compañeros en esta dependencia dijeron que participó encubierto en varias operativos en contra de bandas criminales. En el teléfono celular de la esposa del joven fallecido también se encontraron llamadas al móvil del sargento antes y después de realizarse el asesinato. Aún se investiga si hubo un pago de por medio para efectuar el crimen. El taxista y Myriam L. fueron capturados el pasado 11 de agosto cuando salían de un centro comercial en el norte de Quito. En manos del chofer, según la Policía, estaba la credencial del seguro de la sospechosa. Los dos gendarmes, en cambio, están recluidos desde la mañana del 12 de agosto. El Juez XXII de Garantías Penales de Pichincha ordenó el allanamiento de las viviendas de los involucrados y se decomisaron sus teléfonos celulares para cotejar los registros de las llamadas. También las armas de dotación calibre 9 milímetros. Criminalística analiza si las balas que acabaron con la vida de Samaniego provinieron de esas pistolas. Suárez ofreció sanciones para los policías, si se llega a comprobar que están involucrados en este caso. “Ambos serán sometidos a la justicia. No va a primar el mal llamado espíritu de cuerpo. Los Policías son los primeros a respetar la Ley”, refirió.“Vamos a seguir los procedimientos legales necesarios para que haya garantías. No vamos a saltarnos el código de normas”.Con la formalización de la detención de los cuatro involucrados, el juicio se inició y en los próximos días habrá una audiencia.