Las calles 25 y la I, en el Suburbio oeste de Guayaquil, donde funcionaba el inmueble como centro de rehabilitación, fueron cerradas por el incendio. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
El sentimiento colectivo era de angustia. Los familiares de más de 30 jóvenes con problemas de adicción a las drogas se aglomeraron en los exteriores de la casa que funcionaba como clínica de rehabilitación.
Una llamada telefónica al Sistema Integrado de Emergencia ECU 911 alertó del incendio de una vivienda a las 15:24 aproximadamente.
La casa, ubicada en las calles 25 y la I, en el Suburbio oeste de Guayaquil, es angosta, de dos plantas. El siniestro causó la muerte de 18 personas por asfixia y dejó a otras 10 heridas, según el reporte de las autoridades hasta la noche del pasado viernes 11 de enero de 2019.
La calle donde ocurrió el incendio fue cercada por la Policía Nacional. 15 unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil fueron desplazadas al lugar y dos ambulancias de Medicina Legal estaban en el sitio, que se llenó de vecinos, policías, bomberos y curiosos.
Los familiares de los jóvenes que estaban internados rodearon a una mujer que leía la lista de los heridos. No sabían si sus parientes estaban en esa nómina. Dos madres lloraban desconsoladamente. Luego salieron corriendo hasta el hospital de Monte Sinaí, en el noroeste de la urbe. Les dijeron que hasta allá habían llevado a sus hijos. Otros heridos fueron trasladados a los hospitales Abel Gilbert Pontón, en el Suburbio, y al del Guasmo, en el sur.
En la lista de heridos todos son hombres, entre 17 y 40 años, y presentan quemaduras, según un reporte al que accedió este Diario.
Otras mujeres unieron las manos, rezaron y se desmayaron cuando no escucharon los nombres de sus hijos.
Una de ellas fue Ángela. Su hijo tiene 26 años y desde hacía un mes lo había internado en el centro de rehabilitación. El dueño del establecimiento le había pedido USD 100 mensuales por el tratamiento para rehabilitarlo de la adicción a las drogas. Ella contó que le dio facilidades de pago, pero le advirtió que no podía ver a su hijo hasta después de cuatro meses de internación.
Ángela lo internó en ese lugar “por recomendación de una amiga”. Pese a que no veía al joven, le permitían dejarle alimentos, ropa y los sueros requeridos para el tratamiento.
La estructura exterior de la casa, de color rosado con blanco, quedó intacta. El humo que se observó por las cámaras de videoviligancia del ECU 911 no dejó manchas negras.
Los cuerpos de los fallecidos, en su mayoría, se encontraron en el baño en la planta baja. El resto, en un salón amplio sin muebles de la vivienda.
Hasta el sitio del siniestro llegaron el nuevo gobernador del Guayas, Raúl Ledesma, y la comandante zonal de Policía, Tanya Varela.
Ledesma informó que la clínica “no tenía permisos actualizados de funcionamiento”. Dijo que el propietario del inmueble y de la clínica huyó.
“No permitiremos que este tipo de incidentes se repitan. Esto significa una falta de control y cambiaremos eso”, expresó Ledesma ante los familiares y los moradores que estaban alarmados.
Según Varela, la Policía verificó las direcciones del domicilio del dueño de la casa y de sus familiares. Hasta el cierre de edición no se conocía de ninguna detención.
Los moradores comentaron que el director de la clínica supuestamente encerró a los jóvenes “para que no se fugaran” y huyó. Según los vecinos, algunos chicos en su desesperación saltaron por el balcón.
Un joven de 20 años, que vestía pantaloneta y camiseta sin mangas roja, contó que logró salir del incendio. “Los chicos nuevos quemaron un colchón por intentar escapar”. Eso habría provocado el siniestro.
En el país, 37 centros especializados en consumo problemático de alcohol y otras drogas (Cetads) cuentan con la licencia de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), para funcionar. Otros nueve del Ministerio de Salud Pública están por regularizarse, al igual otros tantos privados, según un informe publicado por este Diario el 1 de enero pasado.
La Acess, adscrita al MSP, hace un año comenzó el proceso de licenciamiento, que incluye una serie de requisitos. Deben contar con el RUC y el código de Registro de Establecimientos de Salud, un plan terapéutico y reglamento interno, permiso de funcionamiento.
Los centros con licencia y por regularizarse tienen capacidad para más de 820 personas. Pero el MSP registró 73 468 atenciones por consumo problemático de drogas, entre enero y octubre del 2018, en las unidades de salud.