Un juez fijó fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra de 14 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Todos son señalados por su presunta participación en el delito de sabotaje, en relación con la destrucción del radar en el cerro de Montecristi, en Manabí.
Este viernes 30 de diciembre del 2022, la Fiscalía informó que esta diligencia está convocada para el 6 de enero de 2023, a las 09:00.
Según las investigaciones, los 14 sospechosos integraron el equipo de las Fuerzas Armadas asignado a la seguridad y patrullaje del cerro Montecristi, el día en que fue destruido ese dispositivo.
El radar fue destruido en menos de un mes de funcionamiento
Desde la madrugada del 27 de octubre del 2021 comenzó a funcionar el radar en el cerro de Montecristi. Su principal misión era detectar tráficos aéreos no identificados, sobre todo narcoavionetas que aterrizan en pistas clandestinas.
Sin embargo, el 7 de noviembre del 2021 ocurrió una explosión en el radar que provocó daños en su funcionamiento.
Ese dispositivo podía cubrir un rango de 220 millas a la redonda y se encontraba instalado en la cima del cerro Montecristi, a 600 metros de altitud sobre el nivel del mar. En el lugar también se había construido un campamento militar para custodiarlo.
¿Cuánto cuesta reparar el radar?
La empresa que fabricó ese aparato determinó que el daño por la explosión asciende a USD 7,2 millones. Ese valor consta en un informe que se presentó a la aseguradora, pues era un requisito para la indemnización.
Los restos del radar fueron trasladados a la base aérea de Latacunga, en Cotopaxi. En ese lugar serán analizados por la empresa fabricante.
¿Qué significa sabotaje y cómo se sanciona?
El artículo 345 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que delito de sabotaje se configura cuando “una persona, con el fin de trastornar el entorno económico del país o el orden público, destruya bienes esenciales para la prestación de servicios públicos o privados”.
Ese ilícito es sancionado con cárcel de cinco a siete años. Sin embargo, la pena aumenta cuando se destruye la infraestructura de algún sector estratégico. En ese caso, la sanción es de siete a 10 años de privación de la libertad, según lo establece la norma penal.
