La Segunda Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Azuay sentenció a ocho meses de prisión y una sanción económica de USD 85 000 al policía Juan Carlos A., quien fue declarado culpable de la muerte de Edwin Barros.
Ese dictamen, comunicado la noche del martes pasado, representa una reducción del fallo emitido el pasado 8 de junio por el Segundo Tribunal Penal de Azuay.
Sus miembros acusaron al uniformado de homicidio preterintencional y en esa ocasión la sentencia fue de seis años. La misma fue apelada por los abogados de familia Barros-Vellín y por la defensa de Juan Carlos A.
La madrugada del pasado 2 de diciembre, los policías realizaron una persecución contra un vehículo Chevrolet Blazer, de placas AFH-806. Los agentes consideraron sospechosos a los ocupantes de ese automotor.
Era conducido por Edwin Barros, de 21 años. Él estaba acompañado por cuatro amigos y regresaban desde Paute hasta Cuenca. El operativo policial terminó en disparos y en la muerte de Barros. Quienes lo acompañaban relataron, en sus declaraciones judiciales, que fueron bajados del vehículo a patadas y esposados.
El operativo estuvo a cargo de la subteniente Denis Y., quien supuestamente habría dado la orden de iniciar el operativo. Ella fue declarada inocente del hecho en junio pasado.
El 2 de diciembre, según relataron los policías, Barros no acató la orden de detenerse en un retén de control en la vía rápida Azogues-Cuenca. Su vehículo fue detenido a la altura de la compañía Continental Tire Andina (llantera), allí hubo disparos.
De acuerdo con las investigaciones, un proyectil de una pistola de nueve milímetros impactó en el cerebro del joven. Esa arma era del policía Juan Carlos A.
El martes pasado se cumplió la nueva audiencia en la Segunda Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Azuay. Se realizó entre las 14:00 y las 20:00.
El defensor de la familia Barros, Rómulo Argudo, rechazó la nueva resolución en la que se cambió el delito de preterintencional a un homicidio inintencional. Por ello, se impuso una pena de ocho meses y un pago de USD 85 000, que tipifica el artículo 309 del Código Penal, por lo daños causados a la familia, dijo este abogado.
Él, en tono enérgico, dijo que esta resolución fue dictada de forma irresponsable porque el proceso tiene más de 600 hojas y lo resolvieron en 30 minutos. “Es una muestra que hay favoritismo para los policías”. Él esperará los cinco días para recibir la notificación escrita y se acogerá al recurso de casación correspondiente.
“En esa instancia sostendremos que la muerte se trató de un asesinato porque están presentes varias figuras constitutivas del delito penal como la alevosía”.
Los familiares de Edwin Barros también están sorprendidos y rechazaron esta nueva sentencia. María Belén Barros, prima del fallecido, dijo que no descansarán hasta que se haga justicia, por ello piensan en denunciar este hecho ante organismos internacionales, “para que los uniformados sean sancionados”.
En la instancia anterior, los abogados defensores de Juan Carlos A. eran Teodoro Galarza y César Astudillo, pero dejaron el caso por petición de la esposa del uniformado y no intervinieron en esta nueva instancia. El actual defensor es el abogado quiteño Edwin Salazar Álvarez. Este Diario intentó buscar su versión, pero no fue posible ubicarlo.
El policía Juan Carlos A. está preso desde el pasado 15 de diciembre en el Comando de Policía de Azuay.
La muerte de Barros generó polémica. Sus familiares, representantes de derechos humanos y el ex gobernador del Azuay, Leonardo Berrezueta (actual viceministro del Interior) solicitaron la destitución de los comandantes de Policía de Azuay de esa época.
En diciembre, Berrezueta dijo que hubo “negligencia en la actuación de los representantes, del Comando Provincial de Policía del Azuay y del comandante del III Distrito, al evadir su responsabilidad de responder a la ciudadanía… y al no acoger la disposición emitida desde la Gobernación para mantener en estricta vigilancia a los policías que venían siendo investigados”.