16 de January de 2012 00:02

Justicia libera a 8 personas detenidas en cuatro ‘casos fuertes’ de violencia

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Seis hombres fueron detenidos en el norte de Quito la noche del 2 de diciembre del 2010, durante un operativo. Inteligencia policial determinó que ellos supuestamente integraban la organización delictiva Cordillera, que buscaba “tomarse territorios (para vender drogas) a lo largo de la ciudad, mediante la intimidación con armas de fuego” y sicariato.

En agosto de ese año, un extranjero fue descuartizado en La Pulida (noroccidente). Tres meses después, cuatro africanos fueron acribillados y dos hombres murieron a tiros en las afueras de un centro de diversión nocturna en la avenida República y Mañosca.

La Policía dedujo que los crímenes se produjeron porque los fallecidos y la red Cordillera se disputaban el barrio La Mariscal (centro-norte de Quito) como mercado para vender alcaloides.

De los seis aprehendidos, tres eran investigados por la muerte de los africanos y salieron libres en el 2011. El Tribunal I de Garantías Penales de Pichincha, en audiencia realizada el 1 de diciembre último, declaró inocente a Luis T. El argumento del juez fue que “no se puede emitir una sentencia condenatoria en aras de darle a la sociedad un responsable del crimen”.

En tanto, el Juzgado XIV de Garantías Penales dictó, el 8 de agosto, el auto de sobreseimiento provisional a Bagney M. y Julio M.

“No hay presunciones graves ni fundadas sobre la participación de los procesados como autores del delito de asesinato tipificado y sancionado en el artículo 450 del Código Penal”, indicó.

Ese es uno de los cuatro casos considerados fuertes por las autoridades cuyos sospechosos salieron libres. Para el fiscal general, Galo Chiriboga, ese es un problema al que debe darse un seguimiento especial. “Cuando hablamos de una posición de lealtad frente a la seguridad, nos referimos a que los jueces cooperen con las autoridades, con los fiscales, en las causas que llevamos”.

El funcionario resaltó su preocupación por un caso particular. “Se trata de una persona que solicitamos su extradición desde EE.UU., por un delito de lavado de activos. La audiencia tenía que realizarse en ese país la próxima semana, sin embargo, un juez sobreseyó el caso”. Chiriboga se refirió al propietario de un patio de vehículos que es indagado por tener supuestos vínculos con César M. Este último está detenido por supuesto lavado de activos, presunto narcotráfico y el crimen cometido contra el policía Darwin A., en Píntag, el 19 de marzo del 2011 mientras vigilaba una plataforma que transportaba 34 000 gramos de cocaína.

El 7 de enero último, el Tribunal VII de Garantías Penales “dictó el auto de sobreseimiento provisional del proceso y de los procesados Vicente P. y Henry P. (dueños del patio de autos)”. En ese mismo caso, Galo G., Martha R. y Luz M. recibieron el auto de sobreseimiento definitivo del proceso, mientras que Hólger Y., Lorena C. y César M. fueron llamados a juicio por presunto lavado de dinero. “César M. tiene tres procesos en su contra. La muerte del policía en Píntag se considera el caso más relevante”, precisó un agente.

¿Las autoridades ponen más énfasis en los casos en los que uniformados fueron asesinados o agredidos? ¿Los casos en que personas civiles son afectadas no reciben el mismo tratamiento? El comandante policial del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), coronel Juan Carlos Rueda, dice que no es así, ya que “las investigaciones se manejan de igual forma en todos los casos, sean uniformados o personas civiles”.

Un funcionario de la Fiscalía, que pidió la reserva, manifestó que en los casos en que aparecen policías muertos, la Policía actúa con mayor eficiencia. “Si hay un uniformado agredido actúan las fuerzas especiales de la Policía y prácticamente se apersonan de esos casos. En cambio, cuando un civil tiene problemas, los casos pasan a la Policía Judicial y reciben otro tratamiento”.

Un ejemplo es el atentado que sufrió el policía Nixon Ch., en el barrio La Concepción (norte de Quito), al recibir dos disparos en el tórax mientras custodiaba a representantes de una empresa que pidieron vigilancia para llevar dinero. Ocho sospechosos fueron aprehendidos, el mismo día en que ocurrió el hecho, por la Unidad de Inteligencia Antidelictiva (Uiad), que montó un operativo.

Lo mismo ocurrió en el crimen del policía Cristian G., en Guayaquil, en enero del 2011. El ministro del Interior, José Serrano, anunció la semana pasada en la red social Twitter que tres personas fueron condenadas a 25 años. Uno estaba en la lista de los Más Buscados, según la Policía.

Pese a ello, Chiriboga resaltó, en la última reunión del Consejo Metropolitano de Seguridad, que la Fiscalía da seguimiento a nueve casos considerados fuertes por su connotación social.

Estos tienen que ver con robos a viviendas, comercialización de drogas, la agresión contra el policía Nixon Ch., pornografía infantil, sicariato y el caso Envigado (crimen del empresario Francisco Espinosa). Dos miembros de la banda que supuestamente asesinaron al empresario ya fueron aprehendidos en el 2009. Según la justicia, fueron declarados culpables por asociación ilícita 21 días luego de haber sido apresados por la muerte de Espinosa. El supuesto cabecilla murió ayer.

Un equipo de abogados

El ministro del Interior, José Serrano, dijo que en los casos de Los Más Buscados hay abogados que desde hace 30 días hacen un seguimiento judicial.

En el país, cuatro personas que están en la lista de Los Más Buscados tienen sentencia. Tres ya fueron juzgados.

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