El juez nacional, Luis Rivera, dictó sobreseimiento a favor de dos exministros de Defensa y 16 procesados más por el presunto delito de peculado en el caso helicópteros Dhruv.
Esta decisión se adoptó este lunes 19 de junio del 2023 durante una audiencia preparatoria de juicio, en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito.
El sobreseimiento implica que las 18 personas ya no tendrán que enfrentar un proceso penal. La fiscal general, Diana Salazar, no está conforme con esta decisión del magistrado. Por lo tanto, antes de finalizar la audiencia, ella dijo que apelará este fallo judicial.
Detalles de este caso
Este caso se remonta al 5 de agosto del 2008. En esa fecha, el Ministerio de Defensa, La Fuerza Aérea Ecuatoriana y la Junta de Defensa Nacional adquirieron siete helicópteros Dhruv.
Después de 13 años, la Fiscalía determinó que hubo presuntas irregularidades en esa compra, en la fase precontractual, contractual y de ejecución. Según esa entidad, el perjuicio para el Estado es de 66 millones de dólares.
Inicialmente, la Fiscalía procesó a 15 personas por presunto peculado. Esa audiencia de formulación de cargos se realizó en octubre del 2021. En la lista de imputados había dos exministros de Defensa de la época del correísmo, un excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y otros militares en servicio pasivo.
Luego, el 12 de enero del 2022, tres personas más fueron vinculadas a este proceso judicial. Por eso, eran 18 implicados.
Sus defensas sostuvieron que las evidencias de Fiscalía no son “suficientes, claras ni precisas”. Aseguraron además que sus defendidos no han cometido ningún delito.
La investigación previa por este caso se reabrió el 23 de diciembre del 2020 por pedido de la fiscal Salazar.
¿Por qué este caso se reabrió, tras ser archivado?
En el 2009, el entonces legislador Fausto Cobo presentó una denuncia por la adquisición de esas naves. En ese mismo año, la Fiscalía abrió una indagación previa.
Siete años después, el fiscal general de ese entonces, Galo Chiriboga, desestimó la investigación y el 14 de abril de 2016 solicitó a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia el archivo de la denuncia.
En ese momento aseguró que no existían elementos para iniciar una imputación penal y que además era necesario el informe de responsabilidad penal (IRP) de Contraloría para iniciar una imputación por peculado.
Ese requisito del IRP fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional en julio de 2019. Ese fue el argumento que utilizó la actual fiscal general, Diana Salazar, para pedir que se reabra el caso. Además, ella dijo que se presentó nuevas evidencias.
Desde el 28 de julio del 2022, la fiscal Salazar acusó como autores de peculado a 16 personas. Los otros dos imputados fueron acusados como cómplices de la infracción penal.
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