A 18 personas que fueron acusadas por la Fiscalía de presunta usura y conmoción social el juez noveno de lo Penal de Pichincha, Luis Labré, les devolvió ayer su libertad.
Lo hizo en la audiencia de revisión de medidas cautelares y revocatoria de la prisión preventiva, solicitada por 39 inculpados. 21 de ellos no la obtuvieron, porque Labré consideró que había elementos que los vinculan.
La cita se inició a las 09:19 en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia. Detrás de la puerta se quedaron algunas esposas de los inculpados, unas embarazadas, otras con hijos, de meses o menores de 5 años. Ellos corrían en el pasillo mientras sus madres intentaban seguir la audiencia y tranquilizarlos.
Las condiciones de los 36 extranjeros y tres ecuatorianos fueron expuestas por los nueve abogados encargados de desvincular a sus defendidos.
Alberto Herdoíza, en su exposición, mencionó que lo de sus dos clientes “es un mal entendido. Son comerciantes, vendedores de platería”. Enseñó una franela azul de la que colgaban joyas brillantes. Preguntó: “¿Dónde están los testigos? La Policía se inventó personas para justificar su trabajo”, por la ausencia de víctimas.
El fiscal Javier Bosques dijo que sustenta el caso en una denuncia. Sus pruebas son tarjetas de colores, en las que se podía leer “crédito diario”, y versiones de testigos.
La audiencia tardó cerca de cuatro horas. Las 18 personas que lograron la revocatoria de la prisión, esperan salir libres este día.