Redacción Guayaquil
Un nuevo impasse surgió ayer entre la Policía y los jueces de garantías penales de la provincia del Guayas, por una resolución judicial dentro de un caso de un baipás telefónico descubierto el fin de semana pasado.
La polémica empezó después de que el comandante provincial de la Policía, Juan Ruales, cuestionó, una vez más y públicamente, la actuación de los jueces penales, por liberar supuestamente a presuntos delincuentes detenidos cometiendo delitos.
El oficial señaló que aquello ocurrió precisamente en el caso de una central telefónica de llamadas ilegales, descubierta el 20 de febrero pasado en un inmueble de la ciudadela Simón Bolívar, al norte de Guayaquil.
Allí fueron detenidos Jorge T.Y., Carlos M.G. y Daysi G.N., pero en la audiencia oral de flagrancia realizada por el juez vigésimo octavo de Garantías Penales, Virgilio Matamoros, la mujer fue liberada. Se le aplicó una medida alternativa a la prisión preventiva, contemplada en la Ley.
Ruales dijo que le “preocupó” que antes de esa audiencia el juez fiscal de Aduanas, Johann Marfetán, haya estado en las instalaciones de la Policía Judicial, conversando con Matamoros.
El oficial cree que Marfetán habría podido influir en la resolución judicial, por su presencia en ese recinto policial, que es el lugar donde se efectúan las audiencias de delitos flagrantes.
“Me preocupa la conversación que puedan tener antes de la audiencia estas personas. Nosotros hemos tenido varios antecedentes en los que a pesar de tener evidencias, grupos y bandas delincuenciales han salido en libertad…”, señaló el oficial.
La Cámara de Jueces Constitucionales rechazó las declaraciones de Ruales y le concedió 72 horas para que revele los nombres de los jueces que presuntamente habrían actuado a favor de la delincuencia. De lo contrario, los judiciales agrupados en ese organismo, anunciaron que lo enjuiciarán penalmente por injurias.
“Si el coronel Ruales no pone a disposición del Consejo de la Judicatura los nombres de los jueces que dice que se encuentran en contubernio con la delincuencia, procederemos a enjuiciarlo penalmente, ya que sin fundamento alguno agrede a toda una institución…”, señaló Oswaldo Sierra, presidente del gremio.
Marfetán aclaró que su presencia en la Policía Judicial fue estrictamente personal. “Estuve ahí acompañando a mi novia que es una abogada y estaba haciendo una investigación. No es abogada particular ni defensora. No tiene ningún interés en el caso ni yo tampoco lo tengo…”.
Matamoros por su parte explicó que no ordenó la prisión preventiva de la acusada, porque el fiscal del caso, Errol Elizalde, no la pidió durante la diligencia.
“El Fiscal solicitó prisión preventiva para los dos detenidos y para ella pidió la medida cautelar del artículo 160, numerales 4 y 10; es decir, prohibición de salida del país y presentarse cada diez días ante quien conoce el caso…”.
Fernando Yávar, director provincial del Consejo de la Judicatura, informó que la entidad abrió un expediente disciplinario para investigar la presencia de Marfetán en las dependencias policiales en su día libre. “Nos parece gravísimo que se haga una afirmación de esa naturaleza. Si se establece que influyó obviamente se aplicarán las sanciones del caso…”.