Los perjudicados de una inmobiliaria llevan 13 años de litigios para recuperar su dinero. Foto: Paúl Rivas/ El Comercio
Los 12 años que vivió en Italia sin ver a su familia, las veces que no tuvo vacaciones y las que dejó de comer para completar la cuota de su casa no sirvieron de mucho. A sus 57 años, Susana Mora no tiene vivienda propia. El sueño de su vida se frustró cuando la inmobiliaria que le vendió la casa cerró sus puertas intempestivamente y dejó más de 300 perjudicados.
13 años después de la quiebra, 56 exclientes formaron un grupo y esperan la devolución de su dinero. Pero cada año que pasa, la esperanza se agota.
Yolanda Manosalvas es parte del grupo. Ella entregó USD 8 000, que su hijo menor logró reunir durante los 10 años que vivió en España. Ahora, ninguno de los dos tiene vivienda propia. Su hijo sufrió un accidente hace dos años y regresó al país sin poder caminar. El joven no puede trabajar; tiene 40% de discapacidad y padece de ataques epilépticos.
Yolanda, quien sobrepasa los 65 años, no puede contener el llanto cuando piensa en la lucha legal que ha enfrentado más de una década. Aprincipios del 2003 recibió una sentencia a su favor. El fallo judicial, que condena a la exgerenta de esa inmobiliaria a cinco años de cárcel y al pago de USD 300 000 para todos los estafados, es solo un papel más de su abultada carpeta. “Estas empresas tienen tanto poder económico y hacen de todo
por no pagar”, dice Juanita Santian, coordinadora del grupo de perjudicados.
Através de acciones legales como demandas de protección en la Corte Constitucional y otros recursos, hasta ahora ninguno de los 56 perjudicados ha recuperado su inversión. Los terrenos en donde iban a construirse sus propiedades están abandonados.
Solo contra tres inmobiliarias, la Fiscalía ha contabilizado 6 700 denuncias desde el 2014. Pero cada año estalla un nuevo caso y la cifra aumenta. En el 2016, la Defensoría del Pueblo ha receptado 2 238 quejas contra inmobiliarias y constructoras por incumplimiento de sus ofertas y otras 854 denuncias por publicidad engañosa en la venta de casas.
Jaime Rumbea, vocero de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador (Apive), explica que hay firmas inmobiliarias de trayectoria, serias y que han tenido buenos resultados en su gestión. Esas compañías son las que deberían ser consideradas por los clientes.Al elegir una empresa, “las personas deberían ver si pertenece a algún gremio o si está legalmente constituida”.
Por ejemplo, las que pertenecen Apive deben cumplir regulaciones internas como “generar promociones de vivienda digna”.Carlos Cruz es otro perjudicado que espera la devolución de su dinero. Él entregó USD 8 135 a una constructora. Todavía recuerda la sensación de sudor frío que le recorrió el cuerpo cuando supo que la sociedad cerró sus puertas. “Justo ese día pagué USD 600, que era la cuota mensual. Ni eso pude rescatar”.Tres años después, solo 400 personas de 2 000 perjudicados recuperaron su dinero.
Juan Segovia, abogado y experto en liquidaciones, explica lo difícil e incluso imposible que es para las víctimas recuperar su inversión. “El principal problema es que las inmobiliarias reciben dinero de muchas personas, pero tienen muy pocos bienes o activos con qué responder”, dice.
La Fiscalía también revela que la principal modalidad de estafa es ofrecer el mismo inmueble a más de una persona.
En el caso de una constructora, la Fiscalía acusó a sus directivos de vender hasta ocho veces la misma casa.Antes de que la empresa que le vendió su vivienda quebrara, Carlos soñaba con darles una propiedad a sus padres, pero ahora aún arriendan un departamento en Quito. Cada cinco o seis meses pregunta a su abogado cómo avanza el caso y la respuesta es la misma: “No hay dinero para la devolución de los pagos”.
La sobreoferta de casas fue utilizada por los dueños de una empresa que, en el 2012, fue investigada por dos presuntos delitos: lavado de dinero y estafa. En este caso se contabilizaron 120 perjudicados.
Mariana fue una las víctimas. Entregó USD 50 000 como entrada de una casa, pero hasta la fecha no ha podido recuperar ni el bien ni su dinero.SDLqEs desgastante, porque uno pone mucho esfuerzo y las ilusiones para tener un lugar propio y hay personas que se aprovechan de la gente”. Como parte de la deuda, la inmobiliaria le entregó un auto valorado en USD
10 000, pero todavía espera los USD 40 000 restantes.
Desde el 2012 hasta este año, 86 empresas inmobiliarias han entrado en proceso de liquidación debido a los malos manejos económicos, indicó la Superintendencia de Compañías. Este proceso consiste en dejar la compañía en manos de un liquidador, quien contabiliza los bienes, los vende o traspasa a los perjudicados.
María Cifuentes tiene dos juicios desde el 2014 contra la empresa que le ofreció una casa: por supuesta estafa y por daños y perjuicios. Ya tiene sentencia, pero aún no recibe sus USD 15 000. No tiene casa.
En contexto
En junio pasado, el directivo de una compañía fue
acusado de supuesta estafa inmobiliaria. Más
de 1 400 personas han presentado su denuncia. Según la empresa, desde el 2017 hasta el 2020 se concluirá el plan de devolución a los exclientes.
Historias
La Defensoría del Pueblo ha receptado este año 2 238 quejas contra inmobiliarias y constructoras, por incumplimiento de sus ofertas de viviendas
