La guardería infantil de la Cárcel de Mujeres de Quito no tiene presupuesto

Para las 08:30 ya se ha pasado lista y las mujeres han desayunado. Pero el pequeño Martín sigue dormido, en brazos de su madre. Andrea Ortiz (nombre protegido) lo lleva hasta un edificio anaranjado y lo entrega a Jenny Perlaza, antes de atravesar el patio de cemento y volver a su celda en la Cárcel de Mujeres de Quito.

Andrea quedó embarazada del primero de sus nueve hijos cuando tenía 13 años. Ahora, a sus 38, comparte su celda con Martín, de un año y cinco meses; condenada a 8 años por tenencia y distribución de drogas. “Si Dios lo permite, saldré a los cuatro años, me faltan siete meses para recuperar mi libertad”, dice la esmeraldeña, quien ha pagado tres años y cinco meses de sentencia y espera que en su caso se aplique el 2x1.

Perlaza abraza al pequeño y espera a que se despierte para llevarlo al comedor. Ella es una de las cuatro parvularias encargadas del cuidado de 35 niños menores de 3 años, todos hijos de prisioneras, en la guardería de la cárcel, que funciona entre la administración y los pabellones del Centro de Rehabilitación Femenino.

“Casi no me gusta que mis hijos vengan porque yo me siento más triste cuando se van. Los dos menores no saben que estoy presa, vienen los más grandes”, relata Andrea, quien perdió a dos de sus hijos y es madre de otros tres menores de 18 años (de 9, de 10 y de 15). Ellos viven en Guayaquil en la casa del papá de dos de ellos.

Los hijos de prisioneros que tienen entre 4 y 17 años no pueden vivir en las cárceles de Ecuador. La medida se aplica desde el 2007, como parte del proyecto Niños Libres, que fue impulsado por la Vicepresidencia de la República. Dentro de ese plan, se firmó un convenio de cooperación entre la Dirección Nacional de Rehabilitación y la Dirección Nacional de Centros Educativos para la ejecución de un programa de rescate emergente de niños, con la construcción de guarderías: una en Quito y otra en Guayaquil.

Madeleine Chauvet, directora de la guardería en Quito, es crítica de la medida que obliga a los niños mayores de 3 años a ser separados de sus madres, por la ruptura del lazo afectivo que eso implica y porque hay hogares en donde el padre y la madre están presos. La Dirección Nacional de Rehabilitación Social refiere que entre las mujeres presas en Quito hay 693 hijos menores de 18 años, 74 de ellos tienen entre1 y 5 años.

Según el Ministerio de Justicia, a escala nacional, 776 menores de entre 4 y 18 años reciben atención del Estado: 695 de ellos están al cuidado de seis fundaciones en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra, Machala y Esmeraldas. Otros 81 niños acuden a guarderías de ocho ciudades. Esos datos están actualizados hasta mediados del año pasado.

El portavoz de la Cartera de Justicia admite que “en los dos últimos años nos hemos desconectado del seguimiento”. Sostiene que el Instituto de la Niñez y la Familia (Infa) coordina las becas para que los pequeños puedan acceder a servicios: estas consisten en USD 100 por niño al mes.

Chauvet asegura que la guardería en la Cárcel de Mujeres de Quito afronta dificultades presupuestarias. Ella revela que desde hace más de un año no reciben recursos del Estado.

“En junio del 2009 firmamos un convenio con la Vicepresidencia de la República, en el que nos entregaban la administración de la guardería y ellos iban a cubrir todos los gastos. Recibimos presupuesto hasta diciembre del 2009, cuando vencía el convenio. Por Ley, el Infa tenía que hacerse cargo de los gastos de esta guardería, pero desde diciembre del 2009 no hemos recibido un centavo”, dice Chauvet, de la Fundación Ático, a cargo del centro infantil.

Según ella, la construcción de la nueva guardería, en el 2007, incidió en la disminución de la ayuda privada. Por 22 años, la Fundación Ático estuvo en la prisión con un centro infantil. “Hace tres años cerraron la guardería (para la construcción de la nueva) y perdimos las donaciones; no podíamos seguir recibiéndolas si no estábamos atendiendo. En ese período los niños estuvieron botados. Teníamos ahorros, hemos hecho rifas, funciones de cine, corridas de toros, desfiles de moda y teníamos apoyo de empresa privada. Este (enero) es el último mes que podremos pagar sueldos”.

Este día está previsto que la Fundación Ático se reúna con el Infa para definir el reembolso de la inversión hecha en el 2010 y el presupuesto del 2011. La guardería requiere un presupuesto mensual de USD 4 500, para pañales, alimentación, atención médica (pediatría y psicología) y sueldos de las parvularias, quienes laboran de 08:00 a 16:00.

Jenny Perlaza colabora con la guardería desde junio. Uniformada con mandil blanco y pantalón vino recibe a la hija de Malena Tello (nombre protegido) de 2 años. “Errores que uno no piensa; en mi país la situación económica es crítica. Llegué a la cárcel cuando la niña tenía 2 meses; no tiene la culpa y está pagando la condena conmigo, no tengo con quién dejarla”, relata Tello, quien no tiene familia en Ecuador.

“La nena ya solo usa pañal en la noche”, dice, condenada a seis años por trata. “Todo lo que ocupa, aquí me han dado, yo no he comprado. No sé qué voy a hacer cuando mi niña cumpla 3 años”.

Quito

Víctor Villacís 

Víctima de la   delincuencia

‘Me asaltaron cerca de mi casa’

Fui asaltado a pocos metros de mi casa la noche del 24 de diciembre del 2010, en el pasaje número 22 del barrio El Calzado (sur de Quito). Ocurrió luego de que me bajé del taxi que tomé ese día. Mientras caminaba se me acercó una persona corpulenta y discutimos. Él me obligó a que le entregara mi reloj y la chompa, pero no le di porque estábamos solo los dos. Lo malo fue que sin darme cuenta aparecieron otros dos asaltantes y me apretaron del cuello.

En ese instante les entregué todo lo queme pidieron. Allí me robaron el celular, la chompa y la billetera. También querían llevarse mis zapatos, pero comencé a gritar para que los vecinos me ayuden. En ese momento huyeron. Me apretaron con un cuchillo, pero no me hirieron.

Me robaron USD 300, entre el celular, la chompa y USD 80 que llevaba en la billetera.

Ese dinero era para salir a comer con mi familia al otro día, pero no pudimos hacerlo. Lo curioso fue que 15 días después los volví a ver cerca de mi casa. Cuando aparecieron, salí corriendo para evitar otro robo. Aunque recién iluminaron el barrio, los robos continúan.

La propuesta

José Santamaría   /Dirigente de los transportistas

 ‘Se deben unir acciones’

La seguridad ciudadana es un tema que debe tratarse con responsabilidad y seriedad por las autoridades y la comunidad.

La falta de fuentes de trabajo es uno de los motivos por los que se ha incrementado el número de robos y asaltos. Dar solución a ese problema es urgente. Lo deben hacer las autoridades. Pero mientras tanto la ciudadanía también debe tomar acciones concretas para poder sobrellevar estos tiempos de inseguridad. Por ejemplo, una buena iniciativa sería conformar mesas de trabajo donde participen, ciudadanía, Policía Nacional y autoridades municipales.

En estas reuniones se pueden llegar a consensos que ayuden a mejorar la infraestructura y la seguridad de los sectores.

Las acciones deben ser conjuntas y dirigidas a un mismo objetivo, porque de nada sirven las propuestas barriales si no cuentan con el apoyo de la Policía. Esta institución debe estar más comprometida con la ciudadanía, con la gente.

Otro punto que se debe tomar en cuenta es el mejoramiento de la Justicia en el país. Los ciudadanos debemos tener la confianza de denunciar los robos o asaltos. La Policía debe salvaguardad la integridad de quienes colocan las denuncias.

Debe existir más confianza en las instituciones del Estado y más apoyo ciudadano a las iniciativas para vivir en un país y una ciudad menos peligrosos.