Un equipo especial de fiscales del Cañar y Azuay fue conformado para investigar a los grupos organizados que se dedican al tráfico ilegal de personas.
El objetivo, explicó el fiscal Washington Pesántez, es indagar las relaciones existentes entre estas agrupaciones con otras similares de Centroamérica.
“Esta unidad está trabajando con personal de la Policía Judicial. La próxima semana me desplazaré (al Austro) para precisar los resultados de esta investigación”, manifestó el funcionario ayer.
Además, informó que la Fiscalía General del Estado envió a México la documentación correspondiente de las huellas dactilares de los ecuatorianos, que presuntamente fueron víctimas, aún no reconocidas, de la masacre ocurrida en Tamaulipas.
Se presume que seis ecuatorianos murieron. Por eso, el Ministerio Público coordina acciones con su similar de ese país para esclarecer los hechos.
Finalmente, Pesántez pidió a los jueces que los traficantes de personas no fueran juzgados por cometer delito de estafa. A su juicio, en esta clase de faltas las multas y condenas deben ser más estrictas.
“Si son sancionados como traficantes de personas no hay lugar, ni siquiera para la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva. El sancionarlo por estafa es una forma de complicidad con esta clase de delito”, concluyó el funcionario.