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Fiscalía indaga hallazgos de Contraloría sobre repavimentación en Quito

Trabajos de repavimentación en la avenida Mariscal Sucre, en el sector de Chillogallo. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Trabajos de repavimentación en la avenida Mariscal Sucre, en el sector de Chillogallo. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Trabajos de repavimentación en la avenida Mariscal Sucre, en el sector de Chillogallo. Foto: Archivo / EL COMERCIO

La Contraloría General encontró posibles irregularidades en el contrato de repavimentación que se ejecuta en Quito.

El órgano de control estableció una serie de indicios penales que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, cuyos agentes abrieron un expediente que se encuentra en la fase de indagación reservada.

La Contraloría señaló que los funcionarios de la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) “adecuaron los pliegos para favorecer” al Consorcio Repavimentación Quito, formado por las compañías Inmosolución y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército; y que esta modificación se hizo para que “le sea adjudicado el contrato”.

El convenio por USD 30,1 millones se firmó el 9 de noviembre del 2019. Se trató de un proceso de adjudicación de régimen especial, es decir que la obra se entregó de forma directa, sin una licitación.  Según la Contraloría, no se justificó de forma técnica el uso de la figura de régimen especial y al no solicitar las proformas de otras constructoras, la empresa metropolitana “no realizó un análisis económico” para determinar los mejores precios en el mercado.

Además -dice- se detectó que los funcionarios municipales eliminaron cuatro ítems en los pliegos para no tomarlos en cuenta. Estos fueron: las especificaciones sobre los parámetros de equipo mínimo, el detalle del personal propuesto, la acreditación de la experiencia y el informe de la metodología de ejecución del proyecto. 
El órgano de control asegura que la consecuencia de no haber solicitado estos requisitos hizo que después de la firma del contrato, el Consorcio Repavimentación Quito presentara a la Epmmop el detalle de ejecución de la obra e incluyera a sus socios estratégicos, las firmas G y H. C., para la ejecución de las obras. 

La Contraloría indicó que en la fase precontractual “nunca fue contemplada en la oferta” la intervención de otras empresas, pues en estos documentos “consta que la contratista ejecutaría la obra directamente sin necesidad de subcontratar (a otras firmas)”.

Los auditores concluyeron que el Consorcio “cedió” a las compañías G. y H. C. “una parte de la ejecución de los trabajos del contrato, vulnerando el principio de transparencia establecido en la Ley del Sistema de Contratación Pública y demostrando su falta de capacidad operativa, técnica y económica de la contratista”.

Freddy Merizalde es gerente de Inmosolución, firma que según la Contraloría tiene la mayoría de las acciones del consorcio ganador.

Vía Whatsapp, él remitió a este Diario sus argumentos. Sobre la entrega del contrato a otras empresas, dijo: “El consorcio no informó de la subcontratación debido a que esta no existe, ya que el proyecto se desarrolla mediante alianzas estratégicas”. La firma G. “ejecuta, por medio de alianza estratégica el 25%” de la obra y H. C. “el restante 75%”.

Merizalde también se refirió a la falta de presentación de requisitos. Indicó que el Consorcio entregó un Formulario de Compromiso de Cumplimiento de Parámetros en Etapa Contractual, pues era lo que les había indicado la Resolución No. RE-SERCOB-000100. “Posterior a la adjudicación se presentaron (datos del) equipo, personal técnico y metodología, mediante oficio RQ-105-2019 de noviembre de 2019”.

Inmosolución señaló que todas las acciones realizadas las hizo apegadas a las normas y a los reglamentos de la Ley de Contratación Pública.

Ayer 15 de junio, el concejal Fernando Morales y el ex candidato a la Alcaldía César Montúfar presentaron en la Fiscalía una denuncia por supuesto peculado y delincuencia organizada contra el alcalde, Jorge Yunda, los gerentes de las empresas de Agua y de Movilidad y los representantes de las firmas I. y G.

Tras esta queja judicial, Yunda se pronunció en Twitter. “(Montúfar) deberá aportar las pruebas que sustenten su denuncia o responderá por malicia y temeridad. ¡Esa es su responsabilidad! La mía es ratificar total apertura para que los órganos de control y Fiscalía hagan su trabajo y la justicia sancione de ser el caso”.

Desde la semana pasada, este Diario ha solicitado al Gerente de la empresa G. una versión, pero hasta el cierre de esta edición no respondió al pedido.