La fiscal general aseguró que la actual Constitución recoge que la institución debe ser autónoma, y que la falta de independencia está afectando a su trabajo diario. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
La fiscal general en funciones de Ecuador, Ruth Palacios, afirmó este martes 15 de enero de 2019 que el Ministerio público “debe ser autónomo administrativa y financieramente” con respecto a otras instituciones del Estado para poder ejercer su labor.
“Demandamos respetuosamente del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y del Consejo de la Judicatura, la autonomía e independencia administrativa de la Fiscalía, así como la reanudación de los concursos para incrementar el número de fiscales y funcionarios”, expresó Palacios en una rueda de prensa.
La fiscal general aseguró que la actual Constitución recoge que la institución debe ser autónoma, y que la falta de independencia está afectando a su trabajo diario.
Según el experto legal Pablo Encalada, esto se debe, en primer lugar, al Código Orgánico de la Función Judicial, que data de 2009 (durante el mandato presidencial de Rafael Correa), y según el cual “la Fiscalía, que tenía independencia financiera y administrativa, la perdió cediéndosela al Consejo de la Judicatura”.
Encalada explicó a EFE que, por ello, el Ministerio público “no puede contratar nuevos fiscales, trasladarse de instalaciones, ni siquiera evaluar a sus propios funcionarios”, ya que la ley le obligó a ceder su soberanía al Consejo.
Además, argumentó que en los últimos años la Fiscalía ha sido dirigida por “personas encargadas que no tienen ni estabilidad ni liderazgo para llevar adelante la institución”.