El pañuelo verde cubre el rostro. El soldado está vestido con uniforme camuflaje. Apenas se le ven los ojos y en sus manos carga un fusil.
En el fondo aparece una casa de madera cubierta con plástico negro y adentro más militares con rostros encubiertos. Son escenas de un operativo que los militares montaron en Sucumbíos para desmantelar un supuesto laboratorio para procesar drogas.
Era marzo del 2008 y las FF.AA. realizaban operativos antidrogas en las fronteras. Pero el Gobierno busca intensificar esa tarea.
Ayer, mientras posesionaba a Miguel Carvajal, como nuevo ministro de Defensa, el presidente Rafael Correa dijo que la prioridad de Fuerzas Armadas será el combate al crimen organizado.
Esta es la primera vez que el Jefe de Estado realiza un pronunciamiento similar. Después de que el 27 de febrero, el Ejército presentara un informe en el que se aseguraba que el narcotráfico está por desbordarse, Correa minimizó el hecho y dijo que se trataba de apenas nueve líneas de un informe de 225 páginas.
Ayer, el Primer Mandatario aseguró que no puede “haber una lucha exitosa contra el crimen sin la participación de las FF.AA.”.
Entre los oficialistas de la Asamblea también hay preocupación.
Cuatro legisladores de Alianza País que integran la Comisión de Soberanía (en total son ocho) firmaron el informe para que en segundo debate se analice la propuesta de Correa de que los soldados combatan la inseguridad. En ese documento se menciona al menos en cuatro ocasiones que la violencia está en auge.
“La delincuencia se ha sofisticado adoptando nuevas y complejas formas, cometiendo delitos cada vez más violentos, que transgreden derechos inherentes al ser humano”, se lee en una parte. Luego, otra cita contundente del informe: “Los actos delictivos se han incrementado a todo nivel”.
Pero también se dice que hay “circunstancias especiales” en las cuales las capacidades de la Policía frente a la violencia “pueden verse sobrepasadas”.
Según los legisladores, eso puede derivar en que las tareas de esa entidad no sean aceptables.
Pese a que la Constitución (art. 158) determina que el control del orden interno es tarea de la Policía, los soldados comenzaron a actuar después del 30-S y en abril del 2011 el Gobierno firmó el Decreto Ejecutivo número 749 para que las Fuerzas Armadas comenzaran el control de armas.
Ayer, este Diario accedió a información del Comando Conjunto y allí se revela la adquisición de material antimotines, propios de los policías. Por ejemplo, se adquirieron 600 trajes antimotines, 90 camionetas para la vigilancia de armamento, linternas, boinas, brazaletes, cinturones para guardar pistolas, etc (ver cuadro).
Información oficial señala que esta adquisición costó unos USD 2 millones. Pero en octubre del año pasado, los militares presentaron otro proyecto al Gobierno, para que se destinen USD 6 millones para comprar carabinas, gas pimienta y hasta bombas lacrimógenas. Ese proyecto aún no está aprobado y los materiales adquiridos se comenzaron a repartir entre los militares que en cuatro centros de operación trabajan en temas de seguridad.
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