El sonido de una motosierra rompe el silencio de la selva. El campesino detiene la tala solo cuando militares armados aparecen en medio de la verde vegetación.
No es el primer día que trabaja allí. Desde hace una semana ha tumbado más de 10 plantas nativas y logró despejar un área de 30 por 20 metros en la cooperativa 18 de Noviembre (Sucumbíos). Está en la frontera ecuatoriana.
El hombre dice llamarse Wilson Ch., que es de Colombia y que el solar le pertenece desde hace cinco años, aunque no muestra documento alguno. Un oficial del Ejército aclara al campesino que allí no puede tener propiedades.
La Asamblea de Montecristi fijó en el artículo 405 de la Constitución que “las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional”. La zona considerada como tal comprende 20 km desde la frontera hacia adentro.
Pero un censo levantado por la IV División de Ejército Amazonas, que, entre otros sectores, cubre la provincia fronteriza de Sucumbíos revela que solo en esa jurisdicción existen 2 774 predios. De ellos, el 14,7% está habitado o en posesión de ciudadanos colombianos. Este Diario sobrevoló la zona fronteriza. Desde arriba se observan pequeñas casas de madera que de forma esparcida están asentadas a lo largo del San Miguel, el río que divide a Ecuador y Colombia.
Wilson cuenta que en la tierra despejada sembrará arroz. Otros no cultivan, sino que arman viviendas. Entre la selva aparece otro cuarto. Está a medio construir, pero por el diseño se observa que se levantó para dividirlo en dormitorio y en cocina. En el lugar no hay nadie, aunque a 100 metros se hallaron botellas desechables de gaseosas y restos de cilindros de gas. Los militares ecuatorianos señalan que los grupos armados irregulares de Colombia utilizan los tanques para convertirlos en explosivos.
Los resultados del censo que levantó el Ejército reposan en la Dirección Nacional de Desarrollo Agrario (INDA). Hugo Villegas, comandante de la División Amazonas, dice que con base en estos informes se preparan mecanismos para actuar en esa zona.
A 45 kilómetros de Nueva Loja está Puerto Salinas, un pequeño poblado en las riberas del San Miguel. Una tierra roja cubre la aldea, donde viven 50 familias, 10 de las cuales son de Colombia. José Lalangi preside esta zona. A él, las autoridades de Sucumbíos le dijeron que ningún extranjero puede tener propiedades allí. Pero él halló la fórmula para legalizar. A nombre de la comunidad extiende un certificado de compraventa a favor de los extranjeros y ellos pueden quedarse sin problemas. El dirigente dice que es legal el procedimiento y que cuando la gente se va la propiedad vuelve a nombre del pueblo.
Así consiguió un terreno Bartolomé (nombre protegido). Él tiene 85 años y hace dos llegó desde Colombia. Lentamente entra a su casa de madera y cuenta que cuando salió del Putumayo no tenía a dónde llegar. En Puerto Salinas, los comuneros le entregaron una propiedad de 30 metros cuadrados. Allí levantó su vivienda. Lalangi calcula que al menos 10 solares de 10 por 20 metros pertenecen a colombianos.
El jefe de la suboficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Acnur) en Sucumbíos, Xavier Creach, dice que es diferente que una persona habite en un lugar y que esa propiedad le pertenezca legalmente. Desde hace cuatro meses, Jairo (nombre protegido), su esposa y cuatro pequeños hijos viven en un solo cuarto a orillas del San Miguel. El hombre dice que un primo, que vive en el Cauca, le prestó la casa. “El joven que la dio y tiene todos los documentos que prueba su pertenencia”.
Puerto Mestanza es otro poblado ecuatoriano que está frente a Colombia. Allí viven 40 familias y 15 son de Colombia. En un pequeño cuarto, Rosalba B. cocina arroz y plátano para el almuerzo. Tiene dos hijas y todos duermen en la habitación levantada con madera. Allí están desde hace un año y medio, cuando salieron del Putumayo por los enfrentamientos entre la guerrilla y los militares de Colombia. La señora, pequeña y con piel tostada por el calor, cuenta que cuando llegaron al lugar la casa estaba abandonada y la ocuparon. “Los vecinos (también colombianos) me dijeron quédese allí y aduéñese”. Y cercó la vivienda con madera. Wilson Ch. hizo lo mismo con el terreno que dice ser dueño. Los militares alertan al campesino que si sigue con la tala de árboles le retirarán la motosierra. Es la única advertencia y los soldados se van.
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