Un martillo golpea el filo de un machete y un fragmento del dedo cae al suelo. El hombre, que tiene los ojos vendados, grita de dolor. La imagen, una prueba de vida recogida en un video, muestra a un grupo de hombres armados, con los rostros cubiertos con pasamontañas y traje militar. Ellos advierten a los familiares del secuestrado que si en 48 horas no pagan por el rescate del joven no solo recibirán el dedo, sino la cabeza.
“Esta cinta fue enviada a la familia de un ciudadano plagiado en Manabí”, dice el teniente Carlos Flores, de la Unidad Antisecuestro y Extorsión de la Policía (Unase), quien da cuenta de la crueldad que ha adquirido el delito en la Costa y en la frontera norte.
En esta última región, las víctimas son personas que se han resistido a las extorsiones, conocidas como vacunas. Es una práctica en la que los desconocidos exigen dinero periódicamente a cambio de una supuesta venta de seguridad. “En Carchi hay varios casos que no se han denunciado en contra de comerciantes y hacendados”, asegura un directivo de la Cámara de Comercio de Tulcán, que no da su nombre. Dice que una de las víctimas más recientes es Orlando I., de quien no se conoce dónde está.
En la Unase se advierte que los plagios están dirigidos frecuentemente a empresarios, comerciantes, hacendados, petroleros, estudiantes y menores de edad.
Flores dice que detrás de los secuestros hay bandas organizadas y delincuentes comunes. “Son redes que tienen un líder y células a cargo de planificar, ejecutar, cobrar y liberar a un secuestrado”.
Indica que, especialmente en la frontera, muchas redes actúan a nombre de grupos armados irregulares de Colombia, como una fórmula para infundir temor.
Detrás de la extorsión, en cambio, están bandas organizadas, delincuentes comunes, grupos subversivos y hasta detenidos que dirigían la operación desde la cárcel, indica Flores. “Conocimos casos en que algunos alcaldes recibían llamadas anónimas en las que se indicaban que alguien quería asesinarlos. Luego, los extorsionadores pedían que se les envíe un mensaje telefónico con el número de una tarjeta prepago para poder seguir el diálogo”.
La investigación -dice- nos llevó a las cárceles desde donde provenían las llamadas. “Algunos presos adquirían el código de tarjetas, para luego venderlas a otros reclusos en una suerte de modo de vida”.
Datos de la Policía Judicial señalan que entre enero y octubre del 2009, a escala nacional, se presentaron 463 secuestros. En el mismo período del 2010 hubo 600. Según la Unase, desde el 2000 ha resuelto 324 hechos: 23 de ellos este año y 28 en el 2009.
Una preocupación que ronda entre la Unase y la Fiscalía es que muchos casos de extorsión no se denuncian. “Una de las razones es que los montos solicitados están considerados bajos, por lo que las víctimas prefieren pagar para que les dejen en paz. Los desembolsos periódicos van desde los USD 50, 100, 500 y hasta USD 5 000”, asegura Flores.
La Fiscalía de Imbabura dice que entre enero y octubre del 2010, en esta provincia se han registrado 13 casos por extorsión y 50 por plagio. En la Secretaría de la Fiscalía se aclara que en la última cifra también se agregan personas desaparecidas.
Pero datos de la Policía Judicial señalan que en similar período en Imbabura hubo cinco casos de extorsión y cuatro de plagio.
La fiscal Yolanda Muñoz, de la Unidad de Delitos contra las Personas de Imbabura, investiga dos casos de personas extraviadas. En el primero aún no hay pedido de rescate, por lo que no se considera secuestro. En el segundo, a la madre de la desaparecida la intimidan con restos de una osamenta.
Según la Fiscalía, los delincuentes atemorizan a las víctimas. En el cantón Eloy Alfaro, al norte de Esmeraldas, la Policía investiga dos explosiones. Ocurrieron en noviembre en las afueras de las casas de dos ciudadanos a los que un grupo denominado Escuadrón de la Muerte les exigían dinero telefónicamente. Uno de ellos es un político, que presentó una denuncia en la Fiscalía. “La vacuna es un fenómeno creciente. Pero hay mucha gente que se queda callada por temor”.
El funcionario recuerda la marcha de los habitantes del cantón fronterizo de San Lorenzo, al norte de Esmeraldas, en junio del año anterior (foto). “Cansados salieron a las calles y aseguraron ser víctimas de amenazas, extorsiones y asesinatos”. Ahí decenas de comerciantes, políticos, estudiantes, etc. acusaron a los grupos extranjeros Águilas Negras y FARC y a ecuatorianos que se hacen pasar por sus representantes.
“En el caso del ciudadano secuestrado en Manabí afortunadamente lo liberamos con vida y capturamos a los delincuentes, gracias a la colaboración de la familia”, asegura Flores.
La Unase tiene un 100% de efectividad en sus acciones. Los agentes recomiendan denunciar estos delitos, para evitar que estas organizaciones, que han tenido éxito en unas operaciones, se fortalezcan y extiendan sus redes de violencia por el país.
MANTA
‘Asesinaron a cuatro familiares’Han matado a cuatro miembros de mi familia entre el 2009 y lo que va del 2010. Todos vivimos en el barrio Las Vegas, en Manta. Primero asesinaron a mi yerno, después balearon a mi hijo Carlos Enrique Macías Pilay y a su padre Alejandro Augusto Macías Figueroa. A los seis meses asesinaron a mi segundo hijo José Antonio Macías Pilay, quien se había ido a trabajar a una empresa en Quito.
Cuando regresó para estar presente en la misa por la muerte del padre y hermano terminaron con su vida. José se había salvado de ser asesinado junto con su padre y hermano; quedó herido en una emboscada que les hicieron unos hombres que jamás habíamos visto en nuestras vidas. Lo llevamos a una clínica, luego al hospital y de allí a casa hasta donde se recuperó.
En Manta, los vecinos escuchamos cada día que siguen matando. Las autoridades deberían ser más conscientes de lo que está pasando en la ciudad y ayudar para garantizar la vida de los ciudadanos, para que nuestros hijos se desarrollen sin problemas. El dolor de una madre cuando pierde a sus hijos es indescriptible, peor aún cuando matan al esposo y compañero. Aún no me repongo.
La propuesta
Humberto Carreño
Vocal de la Junta Parroquial Cumbayá
‘Solidaridad entre vecinos’
La inseguridad de los barrios tiene que ser combatida con la solidaridad entre los vecinos. Las directivas barriales deben fomentar sistemas de comunicación adecuados para actuar ante un robo o un asalto.
Una acción concreta es que todos los moradores tengamos los números de teléfono de nuestros vecinos, así como de la Policía Comunitaria.
En caso de ser testigo de alguna irregularidad, no hay que exponerse y enfrentar a los delincuentes sino contactarse con las autoridades y alertar a los otros moradores del sector.
Además, se debe descentralizar a la Policía Nacional. Los uniformados que trabajan en las Unidades de Vigilancia debieran entablar una relación más cercana con los vecinos.
Esta se puede fomentar realizando actividades como rondas nocturnas o mingas solidarias. Es decir, crear espacios para conocernos entre moradores.
Al vivir en un área alejada del centro de la urbe, es necesario que existan más patrulleros, que exista un auxilio para las familias que viven en zonas rurales.