Drama familiar por los traslados de los policías
La Policía Nacional cuenta actualmente con 44 000 uniformados que se distribuyen en las 24 provincias del Ecuador. Foto: Archivo/El Comercio
Guardan en sus billeteras las fotografías de sus hijos, esposas, madres o novias. Se comunican con ellas solo por teléfono. Es el drama de los policías que por los pases ahora operan en provincias en donde no están sus familiares. Unos permanecen en Joya de los Sachas, otros en Esmeraldas, Latacunga, Zamora, Guayaquil...
Por ejemplo, hace siete meses, a un oficial le comunicaron que debía trasladarse a Esmeraldas para trabajar allí.
Pero en Quito está su esposa, embarazada de siete meses. “Ella me conoció en la capital y no se imaginó que íbamos a estar separados cuando esperamos a nuestro primer hijo. Es complicado y no puedo disfrutar del embarazo de mi señora”.
Pero las cosas se complican, porque solamente en comida, utensilios de limpieza, pasajes de provincia a provincia, etc., gasta al menos USD 150 al mes.
Algo similar ocurrió con un suboficial al que en el 2013 lo trasladaron a Zamora Chinchipe después de que trabajara 20 años en Quito. A este oficial, de cabello cano y tez trigueña, fue la primera vez que lo enviaron a otro sitio, lejos de su esposa y sus tres hijos universitarios.
Ahora está casi por jubilarse y estará de vuelta en Quito. Pero recuerda que mientras estaba fuera de la capital mantuvo económicamente a su familia y gastaba hasta USD 250 mensuales en su manutención en su nueva plaza de trabajo. “Son gastos extras, porque hay que alquilarse hasta una casa, porque si se queda en el cuartel no es lo mismo compartir una habitación con los compañeros. Unos llegan tarde de los turnos. Otros ven televisión hasta la madrugada y no se puede dormir como uno necesita para trabajar”.
Esta situación se repite con recurrencia en la Policía pese a que en el 2010 se anunció la regularización del sistema de pases para 44 000 uniformados en el país. La idea era que los traslados se realizaran de acuerdo con las necesidades operativas, humanitarias y de seguridad.
De hecho, cuando se levantó una encuesta de percepción en los cuarteles policiales se reveló que el 41% de los gendarmes no estaba conforme con el lugar en el que se hallaba.
De allí que se buscaba que los cambios de lugar de trabajo no se relacionen con castigos.
Para la ejecución de los traspasos se toma como referencia el lugar de residencia, el grado policial, el tiempo de permanencia en las unidades, el servicio policial, el estado civil y la situación de los dependientes (hijos, esposas, si mantiene a los padres de la tercera edad).
Tras el anuncio del 2010 y como parte del proyecto denominado Desconcentración de la administración del talento humano, la Policía reubicó en las ciudades de origen a 2 672 gendarmes a escala nacional.
En medio de este proceso, el 1 de julio, el ministro del Interior, José Serrano, lanzó las primeras alertas de lo que pasaba con este tema. “Urgente, hemos encontrado red de corrupción de pases de nuestros policías...”, dijo en su cuenta de Twitter.
Tres días después lanzó otro dato, más fuerte. Confirmó que se inició una indagación administrativa por ese hecho y anunció que el comandante Fausto Tamayo presentó la baja. La investigación sigue y se determinó que hubo 1 500 traspasos de agentes por lo que se habría cobrado hasta USD 5 000.
Policías que hablaron con este Diario dijeron que en seis años de servicio les han dado el pase hasta en tres ocasiones.
Un cabo, de 33 años, sostuvo que trabajó en San Lorenzo, Guayaquil y Latacunga. Él estaba casado, pero su esposa lo abandonó. Una excusa fue que permanecía lejos de su casa ubicada en Salcedo (Cotopaxi). Con ella procreó un hijo que en el momento tiene siete años y se quedó a cargo del policía.
Ahora, su cuñada cuida al pequeño, mientras él trabaja en los cuarteles. Solo después de seis años de espera, logró que le dieran el traspaso a un sitio cercano a donde está su familia.
El 15 de septiembre del año pasado, al Centro de análisis de conducta policial llegó un informe de cinco páginas. Allí se reveló que los uniformados padecen de estrés laboral, depresión, problemas sentimentales (como secuela de problemas en el hogar), manejo financiero personal y consumo de licor.
El Gobierno construye viviendas fiscales para los policías que recibieron el traspaso a otras provincias.
La idea de esta iniciativa oficial es que los gendarmes, sus esposas e hijos no se separen cuando les den los traslados a otras ciudades. Ha invertido más de USD 5 millones.