El asesinato de Antonio Olivo, un indígena de Zumbahua, en Cotopaxi, será analizado por el fiscal Diego Mogro. Su designación se dio ayer, luego de que el martes el fiscal general, Washington Pesántez, cuestionara la aplicación de la justicia indígena y anunciara una investigación.
Los dirigentes de 24 comunidades acusaron a Orlando Q. de presunto asesinato. El domingo fue castigado con latigazos y se decidió que no salga de la comunidad por cinco años.
Mogro dijo que este caso está en indagación previa. No precisó si se citará a Orlando Q. y al dirigente Marcelo Chaluisa, líder de la comuna Guantopolo, en donde vive Orlando Q.
Los familiares del joven se oponen a que se abra otro proceso. “Mi hermano ya fue sancionado por la comunidad”, expresó Dorila Q. En esto coincide Vicente Tibán, quien inicialmente conoció el caso como fiscal indígena de Cotopaxi, aunque luego renunció.
Pero el fiscal de Cotopaxi, Roberto Guzmán, dijo que la renuncia aún no se oficializa. “La decisión fue aceptada verbalmente. Tibán sigue como fiscal de Asuntos Indígenas”.
En Tungurahua, los dirigentes de Chibuleo reabrieron ayer la cooperativa de ahorros donde depositaron el dinero. A través de la Fiscalía se ubicó al gerente de la entidad, Darwin Martínez, y firmaron un acuerdo para capitalizar a la cooperativa. Él también estaba retenido por los comuneros.