Es jueves. Faltan 20 minutos para la medianoche. Los policías detienen al vehículo de Mayra T. Tras interrogarla, los gendarmes le indican que la joven tiene aliento a licor, que no puede conducir en ese estado y queda detenida.
Precisamente el consumo de bebidas alcohólica es una de las primeras causas para los accidentes vehiculares. Las estadísticas de la Dirección Nacional de Tránsito indican que la situación no ha variado en los 10 últimos años.
De enero a agosto del 2010, 1271 percances se han producidos por conductores ebrios.Pese a ello, en el país no se aplican las leyes que ordenan la rehabilitación y tratamiento de los conductores que padecen de alcoholismo. El artículo 364 de la Constitución señala que las adicciones son un problema de salud pública. Por lo tanto, “al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores’”.
En el país no existen centros especializados para atender a conductores que provocan accidentes por causa del alcohol.
El Ministerio de Salud maneja un departamento de Salud Mental. El director de esta dependencia, Enrique Aguilar, reconoció ayer no existen ni programas ni centros que trabajen en el tema.
El funcionario asegura que apenas cuentan con el proyecto Manejo de bebedores problema, es decir, atienden los casos extremos de alcoholismo en jóvenes.
En el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) únicamente se indica que en el país hay 75 centros, pero todos son privados.
De enero al 16 de septiembre, 4 848 personas fueron detenidas por conducir en estado de embriaguez o con aliento a licor.
Quito es la ciudad con mayor índice de arrestos por esta causa, con 2 153 casos. Le siguen Machala con 254, Ibarra con 169, Ambato con 161 y Loja con 142.
Aunque las cifras de percances por este concepto son altas, la Policía realiza operativos únicamente los jueves, viernes y sábados. Los agentes dicen que esto se debe a que en estos tres días es cuando se producen la mayor cantidad de percances.
El jueves la Policía aprehendió a 20 personas que infringieron la Ley de Tránsito. Diego Tapia, jefe del operativo, señaló que de ellos, 16 personas tenían aliento a licor, dos estaban borrachas y dos ya habían causado accidentes.
Uno de ellos chocó contra los protectores del parque Julio Andrade. Un policía que participó en el operativo del jueves dijo que la mayoría de detenidos niega estar en estado etílico. Eso ocurrió con Mayra T. al ser arrestada en la intersección de las avenidas Amazonas y Eloy Alfaro, ella aseguró que solamente bebió medio vaso de cerveza y no se hizo la prueba de alcoholemia. Los conductores no están obligados a realizarse este examen, que determina el grado de alcohol que ha ingerido.
Luis T. y Mateo S. también fueron detenidos esa noche por conducir borrachos. Ellos fueron los únicos que se sometieron a las pruebas de alcoholemia. Tapia informó que el primero marcó 1,4 grados de alcohol en la sangre y el segundo 0,32. Ellos pasaron a los calabozos de la prevención, en el norte de Quito.
La Ley de Tránsito señala que el grado mínimo de alcohol es de 0,3. Quienes incumplen con ese artículo son detenidos.
Las sanciones para quienes conducen en estado de embriaguez son mínimas, asegura Pedro Calero, director nacional de Tránsito. A su juicio, cuando las penas eran de 21 días de reclusión, con la anterior Ley, la gente era más precavida al volante de un auto.
“Al ser detenidos por tanto tiempo, los infractores podían perder sus empleos. Por eso había más responsabilidad”, agregó.
Cristo Vive es un centro de rehabilitación para personas que sufren de adicciones. Funciona en el oriente de Quito y está manejado por Manuel Garzón. Él dice que en el país no hay políticas para atender a los infractores.
Detenidos, como Luis T. y Mateo S., pueden permanecer presos hasta tres días y no 30, como lo establecía la Ley vigente hasta antes del 2008. Este es uno de los temas que también se analiza en la Asamblea, en donde se estudia reformar la norma actual.
