De pie, con fusil en mano y camuflaje gris, la figura de Froilán Jiménez resalta en un mural. El uniformado es uno de los cinco fallecidos durante la rebelión policial que desembocó en tiroteo el 30 de septiembre del 2010. Sus compañeros lo consideran héroe.
Esa noche, él y otros cinco miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) brindaron custodia al vehículo en el cual se transportó al presidente Rafael Correa, luego de que este permaneciera 10 horas en el Hospital de la Policía (norte de Quito).
Cuando avanzaba protegiendo la parte izquierda del automotor, el cabo primero, de 28 años y oriundo de Loja, recibió un impacto de bala en su pecho y se desplomó entre el fuego cruzado.
Flor Granda, madre de Froilán, recuerda lo que le dijo el presidente Correa luego de la muerte de su hijo: “No los voy abandonar”. Ahora, desde su vivienda sencilla en San Antonio de las Aradas, en el sur de Loja, la mujer enfatiza: “Me duele muchísimo que él dice les he apoyado, pero no es así. Señor Gobierno quedó huérfano un niño inocente”.
Mediante un plan de asistencia, el Gobierno entregó una vivienda de 42 m² a la esposa de Jiménez, Mireya Torres. Pero hoy la familia insiste en que también debe ayudarse a su nieto Gabriel, que este 7 octubre cumplirá 3 años, que su hijo procreó con la también policía Maribel Ubidia.
Uno de los compañeros de dormitorio de Froilán relata que el día anterior al 30-S él les había contado que pediría un crédito para adquirir una vivienda. Arrendaba un departamento en el sector de La Ofelia.
Para Flor Granda, su hija Sandra y los compañeros de Froilán, lo más importante es determinar al responsable del disparo que segó la vida del uniformado.
La misma impotencia se refleja en el rostro de Amada Ortiz, la madre del militar Darwin Panchi, otra víctima del 30-S. Ella recuerda que su hijo de 21 años recién llevaba dos meses graduado como soldado en la Escuela de Formación del Ejército Vencedores del Cenepa, de Ambato, y que ni siquiera alcanzó a cobrar su primer sueldo de USD 900.
La noche del jueves 30 se truncó la ilusión de Ortiz, de que su hijo se convirtiera en sostén económico. La mujer viste sencillo, sin dejar del todo el luto. Vive en una casa modesta del barrio Letamendi, en Ambato, padece cáncer y necesita un trasplante de córnea. A ella le ofrecieron una vivienda. “Con humildad, no la aceptaré, porque está lejos y por mi discapacidad (visual) no puedo movilizarme”. La casa está en el reasentamiento para los afectados por el volcán Tungurahua, en el sector La Paz en Pelileo, a 25 minutos de Ambato.
“Froilán era muy pendiente de las cosas de la casa. Tenía unos 6 años y ya cogía la silla para ensillar una mula, estaba pendiente del ganado”, recuerda Granda”. “Él se sacrificó y no estudió la universidad hasta que terminaran de estudiar sus hermanas. Como emigré, con eso le ayudé para el curso de policía. Me arrepiento”.
En el cuartel del GIR, en Pusuquí, brilla el rostro de Froilán en el mural pintado por un cursante del grupo de élite. Allí consta la Oración del Policía y se ve al comando, con una boina verde en la cabeza y un fusil M-16 en sus manos. Curiosamente, un arma similar a la que segó su vida. En la Policía también se bautizó con su nombre a la Escuela de Formación del GIR en Cuenca
Uno de sus superiores dice que es el mejor homenaje para ‘Conejo’, como le decían por sus dientes incisivos, a quien hoy lo consideran su referente policial.
La madre de Froilán recuerda la llamada telefónica de las 23:00. El coronel Lenin Bolaños, del GIR, le comunicó, llorando, la muerte de su hijo.
Mariana Jhayya, madre del militar Jacinto Cortez, recuerda que tras enterarse del deceso sintió un trago amargo. Viajó de Santo Domingo a Quito para confirmar, en el Hospital del IESS, que su hijo había fallecido. “Fue una falta de cortesía que el Ejército no me haya avisado. Por eso preferí organizar por mi cuenta una ceremonia religiosa en memoria de mi hijo”, dice, mientras recorre las calles de su barrio (Asistencia Municipal 2), en Santo Domingo, para invitar a sus vecinos.
Ayer, en la tarde y noche, hubo un homenaje en Quito para Juan Pablo Bolaños, estudiante universitario que murió el 30-S. Hasta el Paraninfo de la Facultad de Ciencia Económicas de la Universidad Central, donde el joven estudiaba, acudieron su madre, Olga Fernández, y estuvieron invitados autoridades del Gobierno, familiares y estudiantes.
“Era muy inteligente, escogió la economía porque decía que quería aportar al país con nuevas ideas. Pero tenía visión política. Él pensaba que no podía haber economía sino se mira la política primero”, comentó uno de sus compañeros de estudio.
En tanto, Lidia Landeta lloraba al recordar que un día su hijo Efrén Calderón se inscribió en la Escuela de Formación de Policías, en Tulcán, sin imaginarse los riesgos. “Nunca me gustó esa profesión. Pero a los hijos hay que apoyarlos en lo que decidan”. Estaba previsto que ese 30 de septiembre fuera promovido a cabo segundo, como parte del personal del Regimiento Quito 2, en el centro de la capital. Estaba por trasladarse a Tena, en donde vivía su esposa Alexandra Cadena y su hijo, que hoy tiene 2 años.
Para esta familia, el pasado 19 fue un día triste Efrén hubiera cumplido 29 años. “¿Por qué Dios mío me quitó a mi hermano, quiero una razón?”, se preguntaba, entre sollozos Darwin, quien como hermano mayor siempre estaba pendiente de Efrén.
Pero eso solo es el epílogo de lo que atravesó la familia de Calderón durante el último año. Lidia viajó más de 20 veces a Quito para tramitar la pensión para su nuera y su nieto. Aprovechaba para averiguar en la Fiscalía sobre las investigaciones en torno a la muerte de su hijo.
En medio de la pena de familiares y compañeros, hoy habrá actos recordatorios en Quilanga, Santo Domingo y otros lugares. Pero Flor Granda, madre de Froilán Jiménez, y los familiares de las otras cuatro víctimas de la insubordinación policial más que homenajes esperan que se establezcan responsabilidades sobre las muertes de sus parientes.
La Fiscalía pide papeles clasificados
La Fiscalía solicitará al Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) que se reúna para pedir el levantamiento de la reserva en los casos relacionados con el 30-S. Así lo afirmó ayer el fiscal general Galo Chiriboga. Para ello se presentará una solicitud formal y se pedirá una sesión extraordinaria del Consejo. “Presentaremos las razones y los argumentos por los cuales se solicita el levantamiento”.
El objetivo, según el Fiscal, es que se desclasifique la identidad del armamento que produjo muertes en esos hechos, al igual que los documentos que la Fiscalía necesitare para la indagación.
“A medida que avancen los procesos, la Fiscalía pedirá información que la propia investigación demande”, afirmó. También explicó que se tiene que judicializar adecuadamente los peritajes relacionados con las muertes del 30-S. Allí está el caso, por ejemplo, del policía Froilán Jiménez.
Desde los hechos del 30-S, la Fiscalía abrió 19 expedientes. 15 se iniciaron en la administración de Washington Pesántez. Mientras cuatro con Chiriboga. Estos últimos se relacionan con la muerte de los dos militares, indagación al lugar de los hechos y los mensajes de la radiopatrulla.