Cuatro meses en el pabellón 1 de la Penitenciaría del Litoral le han dejado una tos intensa, una desquiciante urticaria y una fiebre que no cesa en las últimas semanas. “Mi hijo era flaco, pero ahora está cadavérico. Solo pasa enfermo”.
La madre de Luis madrugó el pasado lunes para ingresar una bolsa con medicamentos a uno de los centros carcelarios más violentos del país. Compró analgésicos, un ungüento, unos frascos de penicilina y se paró en el laberinto que forman las vallas de seguridad en el ingreso, con la esperanza de dejarlos. Ese día había rumores de un nuevo tiroteo.
“Dicen que adentro hay un doctor preso que cobra USD 15 por poner las inyecciones”, cuenta arrimada a las rejas.
Cada primera semana del mes está permitido el ingreso de medicinas. Los familiares reciben una llamada o un mensaje desde dentro de la cárcel y saben qué día podrán acudir, según el pabellón.
Tabletas de todo tipo, frascos de jarabes y pomadas se mezclan en bolsas transparentes que permiten ver el nombre y una fotografía del destinatario. Así, los guías los identifican en cada celda.
“Aquí no les dan nada”, se queja la madre de otro interno de 35 años. “Hay presos que tienen y venden medicina, pero una pastilla vale USD 5. Y para ir al policlínico hay que hacer un papeleo inmenso”.
41 centros de salud dan atención a las cárceles del país. En un informe ante la Asamblea Nacional por la sangrienta crisis de septiembre, la ministra de Salud, Ximena Garzón, dijo que 244 profesionales -entre médicos, enfermeras, psicólogos y psiquiatras– laboran en un sistema que registra más de 40 000 personas privadas de la libertad.
Fernando Alvarado trabaja en el centro de salud tipo B que está en el área administrativa de la Penitenciaría de Guayaquil. Hay una sala de consulta externa y otra de emergencias para cerca de 8 000 internos.
Durante el último enfrentamiento -que dejó 118 fallecidos- recuerda que fueron evacuados y poco después el personal regresó para atender a los heridos por golpes, con cortes ligeros y a quienes sufrieron traumas psicológicos.
Los casos críticos son derivados a hospitales, antes de una valoración, aunque todo depende de la disponibilidad de ambulancias. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) debe autorizar la salida de quienes requieren terapias continuas, como hemodiálisis por insuficiencia renal.
Los cinco médicos de la Penitenciaría realizan 20 consultas diarias cada uno, en promedio.
Luego del chequeo entregan las recetas y las medicinas. “La responsabilidad médica es dar la medicina y la responsabilidad del paciente, tomarla, dice Alvarado. Si un paciente es desordenado y prefiere entregarla o venderla, entonces se va a complicar”.
Adentro todo tiene un costo: el agua, obtener comida extra, conseguir la salida al policlínico… El valor mínimo es USD 5. La esposa de Alberto gastó USD 60 en una bolsa repleta con tabletas. “Está enfermo de los pulmones. Recién le está empezando y le traigo esto para que no sea peor, porque de aquí solo los sacan cuando ya van a morir”.
La tuberculosis es una de las enfermedades más comunes en los pabellones. El tratamiento, que debe ser observado a diario, se corta continuamente por las riñas internas.
Dora Hasang dirige la estrategia contra la tuberculosis en la zona 8, que incluye Guayaquil. Dice que al menos 30% de los casos reportados en el cantón (de 3 500 notificados en 2019) están en las cárceles.
“Las condiciones de estos centros, donde hay hacinamiento, donde no están adecuadamente nutridos y no hay una atención oportuna, favorecen la infección, el desarrollo de la enfermedad tuberculosa y hacen que se transmita con mayor facilidad”.
La familia de Alberto cree que al menos con vitamina C y pastillas para controlar la fiebre evitarán que la enfermedad avance. “Pero aquí solo dejan pasar unas cosas y las otras se pierden -cuenta su esposa-. Dicen que después venden estos remedios adentro”.
Hipertensión, resfriados, diabetes y problemas dentales son las enfermedades más recurrentes, según las estadísticas del MSP; en la lista también aparece el VIH.
Otras no están especificadas, como las infecciones de la piel que no desaparecen “aunque se bañen cuatro veces y laven la ropa a diario”, dice la madre de Luis. Por las visitas sabe que la acumulación de desechos y el colapso del sistema de aguas residuales son la causa.
La atención de salud mental tiene un equipo aparte. Son 91 profesionales distribuidos en las zonas con mayor población carcelaria y un poco más de la mitad de estos especialistas está en Guayaquil.
Pero Mercedes dice que su hijo no recibió ayuda psiquiátrica a tiempo. Ante el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos denunció que su cuadro de esquizofrenia se agravó por falta de tratamiento. “No dejaron que le dé su medicamento y andaba con la mente en blanco”.
El lunes, la alerta de una balacera por poco impide la recepción de las medicinas. Ya habían pasado dos meses desde la última vez que permitieron su ingreso y al menos 50 personas, casi todas madres o esposas, suplicaban que les recibieran los remedios. “¡Abran la puerta! -gritaban-. Al menos queremos que estén sanos”.
