Era diciembre del 2021 cuando el Ejecutivo creó la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación. Estaba conformada por expertos internacionales, nacionales, miembros de la sociedad civil, de la Iglesia y también académicos.
Su creación fue una respuesta a la crisis y a las masacres carcelarias. Durante seis meses los miembros de esa agrupación visitaron las cárceles del país y conversaron con los privados de libertad, incluyendo a los cabecillas de organizaciones delictivas.
Los resultados obtenidos
En ese tiempo se logró que ocho bandas delictivas expresen públicamente su voluntad de pacificación. En esa lista están Los Lobos, Los Tiguerones, Chone Killer, los Latin Kings, Los Lagartos, los R7, Los Choneros y Los Águilas. Este hecho fue confirmado por Claudia Garzón, la representante de la Comisión.
El pasado 17 de mayo se conoció que cuatro bandas fueron las primeras en expresar su voluntad de alcanzar una tregua. En esa ocasión, esas organizaciones emitieron un manifiesto que decía: “Hacemos público nuestro primer paso de pacificación voluntaria a nivel nacional”. Días después hicieron lo mismo las otras cuatro bandas.
La Comisión de Pacificación terminó oficialmente su gestión el pasado 16 de junio. Un día antes los comisionados entregaron un informe final al presidente de la República, Guillermo Lasso.
Allí se reconoce que en los seis meses de trabajo no se concretó un acuerdo de paz en las cárceles, pero se señala que se logró una voluntad de tregua para evitar futuros asesinatos y masacres.
“Si me preguntan si esto garantiza que no va a haber ningún incidente, tendría que decir, en honor a la verdad, que no, pero es un inicio”, indicó un vocero de la Comisión. De hecho, en el informe entregado al Primer Mandatario se menciona lo siguiente: “Aunque nos gustaría decir que hemos logrado traer paz a las cárceles, esto no se ha logrado”.
Por ejemplo, el pasado viernes 1 de julio del 2022, se registró un nuevo hecho de violencia en la cárcel de la capital lojana. Tras un amotinamiento, un privado de la libertad falleció y otros tres resultaron heridos con armas de fuego.
Según las primeras investigaciones, un grupo de internos emboscó a personal administrativo y a agentes penitenciarios, quienes requisaban objetos prohibidos dentro de las celdas y pabellones. Después de eso, privados de libertad reaccionaron con violencia en contra de otros reos.
La Comisión concluyó que los actos de violencias se desatan por el hacinamiento, las luchas territoriales y el control de drogas y armas. Así como la corrupción dentro de las cárceles, que permite el ingreso de pistolas, cuchillos, machetes, rifles, granadas, entre otros objetos.
Además, en el informe entregado al presidente Lasso se menciona que para un proceso de pacificación “se debe restituir la dignidad de las personas privadas de libertad y también sus condiciones cotidianas de vida”.
De hecho, en ese documento se detallan 27 propuestas para alcanzar ese objetivo. Estas están divididas en tres ejes: el preventivo, de atención y reparación.
Cuáles son las propuestas
En el informe, que consta de 75 páginas, se detallan las acciones que debe emprender el Gobierno para enfrentar la violencia en las cárceles del país.
Una de estas es instar a la Función Judicial a usar medidas alternativas a la prisión preventiva. El objetivo es evitar el hacinamiento. Un informe oficial señala que hasta abril de este año, la sobrepoblación carcelaria era del 14%. Es decir, que hay 34 391 presos, pero la capacidad instalada de las cárceles del Ecuador es de 30 169.
La Comisión también recomienda generar una política pública de prevención del delito por medio del fortalecimiento de la educación, productividad e inclusión económica en los lugares donde más se cometen ilícitos.
También se insta a las autoridades a separar a los reos de acuerdo con el tipo de infracción y pasado judicial. Además garantizar el acceso de beneficios penitenciarios y servicios básicos para los reos como luz, agua, baños en buen estado, acceso a medicinas.
Adicionalmente se considera importante crear una política de inclusión social para las personas que salen de las cárceles. El objetivo es evitar la reincidencia. Como acciones de reparación, la Comisión propone brindar atención psicosocial a los familiares de reos asesinados durante las seis masacres carcelarias que se registraron entre el 2021 y 2022.
Así como dar tratamientos psicológicos a los reos que presenciaron actos de violencia. También señala que es necesario “garantizar una reparación a los presos que han sufrido violaciones de derechos humanos”.
Por su parte, Garzón dice que pese a que terminó el trabajo de la Comisión, ella tiene previsto hacer una reunión telemática con los cabecillas de las bandas para realizar un diálogo de paz.