Lágrimas atoradas y heridas en el cuerpo son la muestra viviente de una tragedia que no se consumó. La noche del jueves, 2 de marzo de 2023, fue la más espeluznante para Roberto (nombre protegido). Mientras trabajaba en su vehículo fue atacado violentamente por, al menos, cuatro delincuentes.
Él trabajaba hace ocho meses en una plataforma digital que ofrece servicio de transporte. Decisión que tomó por la difícil situación económica de su familia.
Cuando trabajaba por las noches procuraba no tomar pasajeros en lugares peligrosos o desolados. Pero en esa ocasión ocurrió lo más temido, a pesar de los cuidados.
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Una carrera sin sospechas
Poco después de las 22:30 le solicitaron una carrera desde la avenida Los Libertadores, sector de La Magdalena, hasta el terminal terrestre Quitumbe. “Era una cuenta con más de 50 viajes completados. No vi nada sospechoso”, recuerda atormentado.
El punto de partida sería muy cerca de la avenida más transitada de Quito: la Mariscal Sucre. Y en medio de un barrio residencial construido en los años 70, la Ciudadela Hermano Miguel.
La sorpresa de Roberto fue que el hombre subió y enseguida sacó un arma de fuego. “Como solo era uno me quise resistir”, justifica.
En el forcejeo el arma se disparó y reventó el vidrio del lado del copiloto. Al mismo tiempo, otros tres sujetos abrieron las puertas y subieron al auto.
Roberto recuerda los momentos en que lo apuntaron con un arma. Foto: Julio Estrella /
EL COMERCIOFue ese el instante decisivo. El momento que cambió por completo la historia de Roberto, de 45 años.
El malhechor lo golpeó y puso la pistola en su cabeza.
Disparó… y nada. Una vez más lo intentó… y nada. Una tercera vez… y nada.
“La vida me dio una nueva oportunidad”, reflexiona afligido por todo lo que ha pasado desde entonces. Aún tiene pesadillas y se levanta por las noches asustado.
El arma utilizada en el crimen no funcionó. Fue accionada cuatro veces. Una contra el vidrio que estalló y tres sobre la cabeza del hombre, que no había llegado aún a su cita con la muerte.
Un asalto que no terminaba
Finalmente, los delincuentes lo trasladaron al asiento de atrás. Con sus propios cordones le amarraron manos y pies.
Una capucha le cubrió la cabeza mientras dos hombres le apuntaban con armas blancas en ambas piernas. A partir de ese momento hicieron un recorrido por cajeros automáticos para retirar todo lo que tenía.
Por último, lo lanzaron a la cajuela y condujeron con destino incierto. En horas de la madrugada lo movieron a la cajuela de un taxi bajo el resguardo de uno de los maleantes.
“Ya no podía respirar. Creí que me moría”, dice y contiene las lágrimas. Mientras cuenta su historia a EL COMERCIO, detrás de él su esposa no lo logra y se desmorona.
Roberto es la cabeza de una familia de seis integrantes. Su profesión es en el área de sistemas y reparación de equipos tecnológicos.
Aunque tiene clientes fijos hace años, los ingresos se han reducido drásticamente a raíz de la pandemia. Por eso se inscribió en la plataforma, buscando “ganar el pan de cada día”.
“Me devolvió la vida ese rato”
Esa madrugada cruel, una camioneta de la Policía Nacional pasó por donde él estaba retenido. Al escuchar el sonido del motor supo que eran las autoridades y golpeó con fuerza para llamar la atención.
Lo encontraron en la cajuela y detuvieron al cuidador.
“Lo primero que hice cuando me soltaron fue abrazarle al policía. Le dije que me devolvió la vida ese rato”, cuenta con el alivio de revivir ese instante.
Cinco personas fueron detenidas esa madrugada. Dos taxis involucrados y su carro recuperado completamente desmantelado.
Luego de calificada la flagrancia y puesta la denuncia, dos personas fueron liberadas. Una mujer a la que no reconoció en el acto y un hombre al que le dictaron medidas cautelares, consistentes en presentaciones periódicas y prohibición de salida del país. Esto pese a que fue reconocido por Roberto. El hombre en cuestión sería un expolicía, según versión de la víctima.
“Yo solo quiero que se haga justicia”, reclama. Aunque también teme por su vida. Familiares de los implicados lo buscaron en la fiscalía de flagrancia para “arreglar y que no ponga la denuncia”.
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