El 76% de armas decomisadas el 2010 es de origen artesanal

Los dos militares vestían con su tradicional uniforme verde, de camuflaje, cuando la Policía los capturó. Iban en un jeep Hyundai Tucson gris, de placas TDO-582.

El miércoles, a la altura del sector de Santa Rosa, en la vía Alóag-Quito, fueron detenidos en un operativo de Inteligencia de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO).

Según la unidad, en el interior del vehículo se encontraron dos fusiles, 3172 municiones para fusil, 39 cartuchos de carabina y 20 tacos de pentolita. En lo que va del año, según la Policía, se han decomisado 1197 armas cuyos propietarios no pudieron justificar su procedencia o no contaban con permisos. El 76% de esas armas, es decir 907, era de fabricación artesanal, entre revólveres, carabinas y escopetas.

Marco Ortiz, jefe de la Unidad de Gestión Administrativa y Operativa de Control de Armas de la Policía, señala que las armas artesanales son menos costosas y de fácil acceso. “Un revólver nacional cuesta en promedio USD 200, mientras que un importado USD 1 500”.

El miércoles -el mismo día que detuvieron a los militares- 600 policías de élite allanaron 50 talleres de fabricación de armas en el cantón Chimbo, en Bolívar.

Los pobladores denunciaron excesos, pues los gendarmes tumbaron las puertas de los talleres y se enfrentaron con los artesanos.

Tres personas resultaron heridas con impacto de perdigón y decenas resultaron afectadas por el gas lacrimógeno. Antes del operativo, Inteligencia policial elaboró un informe detallado sobre el funcionamiento del negocio de armas en Chimbo y determinó que existían irregularidades.

EL COMERCIO accedió al documento. El informe refiere que cada fabricante tiene un cupo máximo de producción de 100 armas mensuales. El Comando Conjunto de las FF.AA. (Comaco) es el encargado de otorgarlo, “con una serie alfanumérica de 11 caracteres que son identificados por un lote respectivo al fabricante”, señala el informe.

Así, se identifica el armero que elaboró cada artefacto. Este tiene la obligación de registrar sus ventas en un libro. Pero, según el informe, el cupo de producción “únicamente sirve para la marcación de las armas comercializadas legalmente”. Los fabricantes mantienen “en stock gran cantidad de armas vendidas a personas naturales, jurídicas o empresas de seguridad sin control alguno”. Se las entregan sin serie de identificación.

Napoleón Guillén, presidente de la Asociación de Artesanos 22 de Abril, que aglutina a 43 artesanos de Chimbo, reconoció que hay talleres que funcionan de forma ilegal, pero aclara que no son todos. “Los policías debieron entrar solo a los locales que tenían problemas”, agregó.

Según un agente de la ULCO, la realidad de Chimbo refleja un problema nacional: 907 de las armas artesanales incautadas en manos de delincuentes y en los centros de rehabilitación social fueron fabricadas en Chimbo.

Algunas empresas informales de seguridad, agrega Guillén, compran armas sin control para reemplazar armas dañadas, destruidas, perdidas, robadas, que no se registran al Comaco.

El 10 de septiembre del 2009, desde la Dirección de Logística del Comaco se remitió a la Policía un listado de las autorizaciones emitidas para fabricantes. Lo hizo a través del oficio No. 0901795. Allí se asegura que en el país se emitieron 128 permisos. La mayoría, en la provincia de Bolívar, con 86 certificaciones.

En la lista siguen Azuay con 23, Pichincha con 8, las otras se emitieron en Manabí, Sucumbíos, Cotopaxi, Los Ríos, Loja, Carchi y Guayas. Pero hasta la fecha en que se emitió el oficio, No. 0901795, solo 50 personas naturales o jurídicas tenían la autorización.

En Chimbo hay 45 fabricantes no autorizados. El Ministerio de Gobierno asegura que en Bolívar hay 50.En el 2009, la Policía se incautó de 4 816 armas de fuego en el país. En ese período no se elaboró una distinción detallada de armas artesanales e importadas. La clasificación se realiza desde este año, según informes de la ULCO. Aunque el Gobierno considera que más del 80% de armas ilegales era de fabricación nacional.

Ortiz admite otro problema. La tenencia de armas está permitida en el país, pero existe un subregistro. La Policía cuenta con una base de permisos desde el 2006. Las FF.AA. eran responsables del registro hasta mediados del año pasado, pero el Acuerdo Interministerial 001, suscrito entre los ministerios de Defensa y de Gobierno, otorgó esa responsabilidad a la Policía.

Su base de datos se alimentó con los permisos emitidos entre el 2006 y el 2009 por el Comaco. Desde julio del año pasado, el permiso de tenencia es otorgado por la Policía. El Acuerdo 001 estableció que todos los propietarios recalifiquen su armamento

Los permisos del Comaco perdieron vigencia, ahora la autorización de tenencia extiende la Policía. El propósito es contar con una base de datos que permita identificar las armas utilizadas en actividades delictivas.

Hasta el 2009, en el país se registraron 262 509 armas, según la dirección de Logística del Comando Conjunto de las FF.AA.

De ese total, 80 002 estaban en manos de civiles y 865, de coleccionistas (ver tabulado). Aunque la tenencia está permitida, no así el porte de armas. Nadie puede llevarlas en las calles o en los vehículos, excepto miembros de la Fuerza Pública o guardias de empresas de seguridad legalizadas.

Hasta ahora solo el 4% de los propietarios de armas ha acudido a la recalificación. La Policía indaga si si los fusiles decomisados a los militares estaban en la lista.