2 de November de 2010 00:00

66 cadetes no tenían el aval del médico

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Redacción Judicial

Las órdenes para que tres aspirantes a policías se realizaran chequeos médicos fuera de los plazos establecidos se dieron verbalmente. En la investigación que Asuntos Internos (AI) de la Policía Nacional realizó a la selección de aspirantes para la Escuela Superior, en el 2009, se revela que los procedimientos se avalaron en el hospital de la institución policial.

En la indagación, un sargento cercano al proceso de selección señaló que el coronel Franklin Terán, entonces director del centro asistencial, dispuso verbalmente que, a pesar de haberse realizado las pruebas médicas con anticipación, se practicaran tres más.En su testimonio, el policía aseguró que en la lista entregada a él con los chequeos aparece el nombre de Cristina Palacios Martínez, quien ahora es investigada en Inspectoría para determinar si existe relación alguna con el ex comandante general Freddy Martínez. Él renunció a su cargo luego de la revuelta policial del pasado 30 de septiembre. Aparte, la Fiscalía abrió una instrucción fiscal en su contra y un juez ordenó una medida sustitutiva: presentarse cada jueves.

AI señala al hospital, porque allí también se permitió que 16 aspirantes más se realicen una revalorización médica, pese a que en el reglamento interno se determina que “el proceso de evaluación médica no estará sujeto a recalificación alguna”.

En la investigación se indica que el caso lo conoció directamente el entonces director de la Escuela y ahora oficial de enlace entre las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía, Lino Proaño. Así lo revela el oficio número 09-1782-DHQ-PN del 24 de agosto del 2009, en donde se incluye la lista de cadetes que requieren otra valoración.

Tras analizar el caso, el actual director de Educación de la Policía, Juan Carlos Rueda, ratificó que no caben nuevas valoraciones clínicas. En el hospital el tema se maneja con hermetismo. Un oficial consultado por este Diario señaló que sí existen órdenes verbales para valorar médicamente a los aspirantes. El caso es indagado por el Consejo de Generales, Consejo Superior y la Dirección Nacional de Educación.

A estas instancias avanzó otra parte de la investigación de AI, en la cual se indica que 47 aspirantes ingresaran a pesar de que en las pruebas médicas constan como no aptos.

De acuerdo con el oficio 2010-0406-DNS-PN del 11 de febrero de este año, el grupo fue valorado entre el 11 y el 26 de agosto del 2009. Asuntos Internos sostiene que ese documento suscrito por un oficial lo conoció el entonces Director de la Escuela. En total, 66 aspirantes registraron problemas durante la evaluación médica, pero ingresaron a la Escuela Superior.Cuando hubo cuestionamientos internos por las recalificaciones médicas, Proaño convocó a una reunión del Consejo de Admisión. Según AI, la cita se concretó el 17 de agosto del 2009 y allí se resolvió que “los reclamos referentes a los exámenes médicos son responsabilidad del hospital”. En ese encuentro se dijo que Franklin Terán, como director, dispuso a los coordinadores de los servicios médicos del hospital que realicen una valoración clínica y que esa decisión la tomó con base en una resolución oficial. No obstante, el oficio número 2009-028-D-CA-ESP dice que lo citado se contrapone, porque Proaño sí conocía del caso.

La Comisión es cuestionada

AI descubrió que la Comisión de Admisión tuvo falencias a la hora de recoger datos personales de los aspirantes. Por ejemplo, tres de ellos no presentaron récord policial, seis no entregaron certificados de no haber sido dados de baja en la fuerza pública.

A esto se suma que 42 aspirantes (bachilleres) no registraron título, aunque este documento es el principal requisito que debían ingresar, según el reglamento de la Policía. También aparecen casos de personas que entregaron únicamente copias simples del título y otros que hicieron llegar certificados del colegio.

La Comisión también fue glosada porque permitió que la nota mínima de un aspirante baje de 14 a 12. En la indagación se preguntó a Lino Proaño si el organismo tenía facultad para hacerlo y el oficial respondió que las reformas se basaron “en un informe jurídico elaborado por el asesor de la Escuela Superior de Policía, capitán Wilson Toro”.

Sin embargo, en su versión, este último oficial indicó no haber recibido disposición verbal ni escrita para elaborar este tipo de informes. AI señaló que este testimonio concuerda con el oficio 2010-044-SE-CA-ESP, del 12 de mayo del 2010, suscrito por otro oficial y en donde se indica que “revisando los archivos de la Secretaría de la Comisión no consta informe alguno de carácter jurídico en el cual se haya analizado la posibilidad que se baje la calificación en los exámenes de admisión académica y física”.

El caso es investigado por tres instancias y tras ella –según Rueda- pasará a los juzgados ordinarios, “porque hay actos administrativos que son observados y que los jueces son los que desarrollarán o emitirán las resoluciones que correspondan”.

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