28 de October de 2011 00:02

118 casos de torturas aún no se aclaran

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El piso está dividido en pequeños cubículos. Allí trabajan los seis fiscales asignados para investigar los 118 casos de supuestas violaciones a los derechos humanos que la Comisión de la Verdad (CV) remitió en julio del 2010 (el informe se hizo público en junio).

En estas oficinas la orden es que nadie hable de las investigaciones. Pese a que el equipo comenzó a trabajar hace un año y tres meses, unos empleados dicen que llegaron hace un mes, pero que el trabajo sí ha avanzado.

En la CV se dice otra cosa. Elsie Monge, integrante de este organismo, reveló que ninguno de los 118 casos ha pasado de la indagación previa. “Se sortearon, comenzaron a investigar, pero luego como que se estancó. Hubo cambios en el interior, el coordinador se fue. Con eso, por decir lo menos, como que se desaceleró el trabajo. Eso creó inquietud, preocupación para los organismos de DD.HH. y para las víctimas”.

Ayer, este Diario conoció que de seis fiscales asignados a la unidad especial que investiga los casos de la CV, uno no se ha posesionado.

La semana pasada, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, dijo que al revisar los resultados de las indagaciones consideró que “el grupo de fiscales avanzaba poco” y que por ello consideró nombrar nuevos investigadores.

Luego añadió: “Me parece que ha faltado una decisión política, una responsabilidad con los derechos humanos, una falta de compromiso con la verdad histórica y son fiscales que han estado allí un poco calentando el puesto”.

Ayer, mientras ingresaba a la Fiscalía, Chiriboga dijo que en todos los casos ingresados (se incluye a 456 víctimas) se “dará el mismo interés y dinámica”.

Pero, si ha pasado más de un año desde que la CV presentó su informe, ¿por qué no se ha avanzado? “Yo estoy desde hace tres meses”, respondió el Fiscal.

En la tarde, Miguel Jarrín dijo que en el caso de su hermano, Arturo Jarrín, integrante de Alfaro Vive Carajo (AVC) y víctima de las torturas, se realizaron reconocimientos a las celdas donde habría sido torturado y luego al lugar donde supuestamente murió en un tiroteo con los policías.

Este trámite se cumplió el 1 de abril pasado. “Estas son las únicas diligencias. No se ha hecho nada más. Pero lo que quiero decir es que la ausencia de una estrategia jurídica desde nosotros, que hemos sido sujetos de todos estos actos de violación a los DD.HH. y que están en la Comisión de la Verdad, también ha afectado”.

En su libro ‘El cementerio de los vivos’, Arturo Jarrín relató una escena de tortura. “Así que no quieres hablar, me dijo alguien y apareció el Abuelo, con una funda plástica y papel periódico hecho pelota, en sus manos. Abre la boca, me dijo. Y me puso la pelota de periódico. También me colocó la funda en la cara e hizo un nudo en la garganta. Cuando quieras hablar mueves la cabeza, sino allí te mueres asfixiado, me dijo alguien. Otros me desgonzaban. El uno me tiró de los brazos hacia atrás (las manos estaban amarradas) y el otro de las piernas”.

De allí que Miguel Jarrín no cree que los casos presentados deban tratarse individualmente, “sino construir una estrategia jurídica de un solo caso, uno imprescriptible como es el cometimiento de delito de lesa humanidad”.

Otro de los casos que la Comisión de la Verdad remitió a la Fiscalía General es el de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo, desaparecidos en enero de 1988.

Jorge Cano es el fiscal que investiga este hecho. Pero ayer se habló de su salida de la unidad especial, aunque Chiriboga sostuvo que no le pidió la renuncia. “ Tengo confianza (en él). Me dijeron que (en la diligencia del cementerio de El Batán) tuvo un papel importante. Me parece que debe seguir”.

En la mañana, Cano recibió las versiones de dos ex agentes del desaparecido Servicio de Investigación Criminal (SIC). Edgar F. y Antonio G. insistieron en su inocencia y aseveraron que nada tuvieron que ver con la desaparición de los jóvenes.

En la tarde llegó Wilson A., el oficial de la Policía que aún está en servicio activo y que en el caso Restrepo fue mencionado por los familiares de los desaparecidos.

Según los parientes de Santiago y Andrés Restrepo, a enero de 1988 el oficial Wilson A. trabajaba en los archivos del SIC.

Ayer, él llegó a la Fiscalía vestido de civil. Manifestó que para las diligencias pidió permiso ocho días en la Policía y que desvirtuará las acusaciones realizadas por los familiares de los jóvenes.

Las comparecencias

La Unidad Especializada   de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía  pidió    la comparecencia de José Gallardo,   ex ministro de Defensa en el gobierno de Sixto  Durán Ballén. La diligencia se cumplirá   el 31 de octubre,  a las  14:00.

Mediante un comunicado,  la Fiscalía  señaló   que la versión del General en servicio pasivo  se receptará dentro de la indagación previa por presunto delito de  lesa humanidad.

El caso que se investiga es   la ejecución extrajudicial de dos personas. Esto, en  un  operativo combinado en sectores populares de Guayaquil.
 
El fiscal Galo  Chiriboga   sostuvo que “si  hay personas que pretenden inducir al engaño a los fiscales o no informen la verdad de los hechos serán procesados judicialmente”. Esto, porque -según el fiscal-  en la inspección en el cementerio de El Batán se pretendió no entregar información requerida por  el fiscal Jorge Cano, que  investiga la desaparición de los Restrepo.

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