¿Cómo el Ministerio ha trabajado la estrategia para el retorno al trabajo presencial al 100% de aforo de los servidores públicos?
Esta es una actividad coordinada con distintas entidades gubernamentales. Al Ministerio del Trabajo, como ente regulador, le corresponde establecer directrices para cumplir los protocolos fijados por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional y así garantizar un adecuado acceso al trabajo.
El COE ha dispuesto que el retorno se haga con la presentación del carné de vacunación, pero no hay parámetros del número de dosis, ¿cómo el Ministerio trabajará en esto?
La semana pasada, el COE emitió una resolución que señala que se debe reformar la guía para el retorno progresivo al trabajo presencial del año pasado, teniendo en cuenta la nueva situación. En esto trabajará el Ministerio del Trabajo y el de la Producción, para emitir un nuevo acuerdo ministerial.
¿Cuándo estará lista esta reforma?
Aún no hay fecha prevista, pero las entidades involucradas ya están trabajando en ello.
¿Cómo se están manejando los casos de servidores públicos que no están vacunados por decisión propia?
Hay ciertas obligaciones para cumplir con un trabajo en condiciones adecuadas y que vele por el bienestar de todos los ciudadanos. Desde la Función Ejecutiva se está trabajando en una norma para manejar estos contextos de crisis de pandemia. Esto es lo que la Corte Constitucional señaló en el 2020, para que el Gobierno expida una norma jurídica, que regule estos casos. Por ahora, el no estar vacunado no es una exención para no acudir al trabajo presencial.
¿Cómo se gestionan las demandas laborales que se registran por contagios en los ambientes de trabajo, sobre todo de personas no vacunadas o con esquemas de inoculación incompletos?
Las entidades deben garantizar la salud ocupacional de los trabajadores. Es importante recalcar que cerca del 83% de la población ecuatoriana está vacunada completamente. Hay cerca de 470 000 servidores públicos y, hasta el pasado lunes, 289 773 estaban realizando teletrabajo. En ese sentido no creo que se dé el escenario de posibles demandas por contagios.
Cuando hay contagios y lo servidores públicos se ausentan, ¿cómo lo están solventando en las entidades públicas?
Hay protocolos establecidos por cada una de las entidades para evitar los contagios. En caso de que se produzcan existen ya plataformas y sistemas para continuar con las actividades, a través del teletrabajo. Se busca tener espacios de trabajo que garanticen la salud, sin olvidar la función del sector público que es garantizar los servicios y atender a los usuarios.
¿Por qué existe la obligatoriedad del trabajo presencial en el sector público, cuando la pandemia ha abierto la posibilidad de que se puedan aplicar modalidades híbridas de forma permanente?
Hay acuerdos ministeriales, desde antes de la pandemia, que regulan el teletrabajo. Previo a evaluaciones, esto se aplica a grupos de atención prioritaria preestablecidos como adultos mayores, mujeres embarazadas, madres en periodo de lactancia, personas con enfermedades catastróficas o con discapacidad. También depende de si sus actividades se pueden acoplar de manera adecuada a la modalidad de teletrabajo.
Hay que tener en claro que hay una doble cara en el servicio público. Por un lado, está el derecho del servidor de trabajar en un espacio y en un ambiente adecuado, que se proteja su derecho a la salud y, por otro, brindar una atención de calidad hacia los ciudadanos.
¿Se busca que esto sea una referencia para que el sector privado también vuelva en su totalidad al trabajo presencial?
La guía existente para el retorno progresivo al trabajo presencial sirve para el sector público y privado. Es importante tener en cuenta que no hay que considerar el retorno como un fenómeno aislado, ya que es parte de la reactivación económica. Eso va de la mano del avance de la vacunación y también de reformas laborales. El presidente Guillermo Lasso anunció el envío del proyecto de ley el próximo mes.
¿Qué se considerará en esta reforma laboral?
Primordialmente habrá incentivos para generar condiciones laborales adecuadas. A la par de facilitar la inversión, permitirá la formalización de los trabajadores. El trabajo es uno de los derechos fundamentales porque esto permite el acceso u otros beneficios como la seguridad social. Pero el Código del Trabajo, que tiene cerca de 84 años de vigencia, no se adecúa a las nuevas condiciones laborales que han surgido en la pandemia.
