El jueves 26 de julio del 2018, familiares y amigos realizaron una vigilia cerca del hotel donde se alojaron los delegados de la CIDH. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
Sobre la tierra estaban dispersos 17 casquillos de pistola de 9 mm. Ese hallazgo advertía a los agentes de la Policía colombiana que se encontraban en la escena del crimen.
El lugar parecía abandonado. A 100 metros, atravesando un terreno arenoso, serpenteaba el río Mira. El GPS señalaba que ese era el sitio correcto y que ahí estaban sepultados los cuerpos de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.
A las 14:00 del 20 de junio pasado, los uniformados habían llegado a Los Cocos, un poblado en la región del Alto Mira, ubicada cerca de la frontera con Ecuador. Estos detalles, que reposan en la Fiscalía de ese país, fueron proporcionados por un informante que ahora está detenido y era parte del Frente Óliver Sinisterra.
Esa persona incluso advirtió sobre la instalación de bombas antipersonales alrededor de las fosas. Hasta las 17:00 de ese primer día ningún escáner de detección de metales localizó los artefactos ni los cuerpos de los trabajadores de este Diario, que fueron secuestrados en Mataje, territorio ecuatoriano, el 26 de marzo pasado.
Documentos judiciales detallan cómo los trabajos para rescatar los restos continuaron al día siguiente, el 21 de junio. A las 06:45, un equipo de expertos en explosivos, arqueología forense y criminalística arribó de nuevo a Los Cocos, en dos helicópteros estatales. La primera mina se halló a las 09:00, enterrada a 10 centímetros del suelo. Cinco horas y media más tarde se sacó el último explosivo. Cada aparato tenía adentro una batería de nueve voltios y 2 000 gramos de explosivo.
Tras examinarlos y tomarles fotos, los uniformados los detonaron. Su capacidad de destrucción se evidenció en el suelo, en donde se formaban hoyos de dos metros de diámetro por 70 cm de profundidad.
Cada detalle se consignó en el informe forense al que tuvo acceso este Diario. Después de asegurar el terreno se instalaron radares para detectar la presencia de restos humanos; y dos canes adiestrados lo confirmaron a través de su olfato. Se trataba de dos fosas de poca profundidad en donde yacían los cuerpos de los dos periodistas, el conductor y el de un cuarto hombre, cuya identidad sigue sin revelarse públicamente.
Según un miliciano detenido y que ahora coopera con la justicia del vecino país, la cuarta víctima era primo de alias ‘Guacho’, cabecilla del grupo armado. “Lo asesinaron porque dijeron que era colaborador del Gobierno ecuatoriano”.
El testigo describió al pariente de ‘Guacho’ como un hombre moreno, alto y de contextura gruesa. “Él mismo (el hombre) me dijo que era el primo”. Lo tenían como un mes secuestrado, antes de que llegaran los periodistas”, relató.
Durante el tiempo que duró el cautiverio de los tres profesionales hubo otro miliciano que fue asesinado por sus propios compañeros, contó el testigo. Lo conocían como alias ‘Bryan’ y tenía 21 años.
“Era flaquito, moreno, altico (sic). En un turno de guardia se quedó dormido, se dieron cuenta y lo encadenaron con los secuestrados; le hicieron un consejo de guerra, lo fusilaron y mataron (sic)”.
El informante afirma que entre enero y junio, la estructura delincuencial ordenó el fusilamiento de otros compañeros identificados como ‘Evelio’, ‘Samuel’, ‘La Pelirroja’ y dos mujeres de cuyos nombres dijo haberse olvidado.
La operación de rescate de los cuerpos del equipo de prensa terminó cerca de las 16:00 del 21 de junio. Los agentes retiraron la tierra alrededor de los restos con brochas, para evitar destruir evidencias como la ropa. Todos los cuerpos se encontraban en un avanzado estado de descomposición.
Una hora después, el presidente del vecino país, Juan Manuel Santos, anunció la noticia a través de su Twitter.
Han pasado cinco semanas desde la recuperación y la Fiscalía de ese país reúne pistas sobre los autores materiales de los asesinatos. Los investigadores ya conocen los alias de cuatro gatilleros: ‘Gringo’, ‘Macri’, ‘Chuky’ y ‘Perú’.
Carlos Landázuri Cortés, de 23 años, es alias ‘Gringo’, el tercero al mando del grupo armado. Según investigadores, él se mueve entre los poblados de Puerto Rico, Brisas de Mataje, Montañita, Vallenato, El Playón, Tandil, Paloquemao, el corregimiento de Llorente, en Colombia, y El Pan, en Ecuador. Un desmovilizado reveló que ‘Gringo’ tiene siete motocicletas con las que se traslada por estos sectores rurales.
Sobre alias ‘Chuky’ o Edixon Rojas dos informantes coinciden en que usa cadenas y anillos de oro. ‘Macri’ mide 1,80 metros de estatura y tiene una cicatriz en el ojo derecho, producto de un disparo. Él es un experto explosivista.
Sobre alias ‘Perú’, los agentes aún indagan su verdadera identidad. Otro informante señaló a la Policía de Colombia que estos armados son parte del grupo de ‘gatilleros’ y que la orden de matar a los periodistas la dio alias ‘Pitufo’, el segundo cabecilla, pero la decisión la tomó alias ‘Guacho’.
Según este informante, los cuerpos fueron enterrados en el mismo lugar de la balacera y de forma inmediata.
La Fiscalía todavía revisa la veracidad de estos datos. Otro testigo aseguró que el 11 de abril vio los restos del equipo de prensa en la Junta de Acción Comunal de Puerto Rico, a unos 30 minutos por el río Mira, de Los Cocos.
Los investigadores saben que dentro de la organización armada hay más personas que participaron en el secuestro, asesinato y ocultamiento de los cadáveres.
Por ejemplo, ese 11 de abril fueron vistos alias ‘Pitufo’, ‘Yider’, ‘El Burro’ y ‘Tío Sam’ custodiando los restos de los periodistas. Este último es el jefe de las milicias de Puerto Rico, El Azúcar y Los Cocos. Alias ‘El Burro’ y ‘Yinder’, en cambio, operarían en un poblado llamado Vaya Viendo. El primero es presidente de la Junta de Acción Comunal y el segundo administra los laboratorios de cocaína y es informante de ‘Guacho’.
En contexto
En Ecuador y en Colombia existen dos expedientes penales por el secuestro y posterior asesinato. En el ámbito internacional, esta semana se inició la investigación del Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH, que revisa el manejo que se dio al caso.